Los agricultores y ganaderos celebran la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), algo que vienen solicitando de forma constante desde que fuera incluido en él en el año 2021. Con esta medida, indican desde la Alianza UPA-COAG, «se da un paso en la buena dirección para enmendar el despropósito que supuso la decisión tomada en 2021 por la exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera», que se produjo con la oposición de todo el sector agrario y «sin escuchar a los ganaderos, principales afectados por la medida, ni a las administraciones autonómicas que hasta entonces habían estado gestionando el lobo en sus respectivos territorios», añaden las mismas fuentes.
Los agricultores y ganaderos recuerdan, haciéndose eco de los últimos datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente, que según los últimos datos en los últimos tres años los ataques de lobos a ganado han aumentado un 47%. «Sólo en Castilla y León han sido 10.776 las veces que las granjas han sido asaltadas por lobos, mientras que el número de reses devoradas en el mismo periodo se ha elevado a 16.969». Nadie, dicen, «con sentido común debería dudar de que es necesario un control poblacional del lobo para que la compatibilización con la ganadería extensiva sea posible”.
La decisión del Congreso de los Diputados, que incluye que el lobo vuelva a ser especie cazable al norte del Duero como parte de una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario, envía el caso a la casilla de salida del año 2021. El control poblacional se podrá ejecutar al norte del Duero y, para que sea posible al sur, queda pendiente la modificación de la llamada «Directiva Hábitats» por parte de la Unión Europea, que está actualmente en trámite.
