El colectivo Acción Castilla y León ha participado en la consulta pública previa a la elaboración de la nueva Estrategia Nacional frente a la despoblación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre sus propuestas, se encuentran el impulso a la industria del idioma castellano como motor económico, la creación de nuevas unidades territoriales estadísticas que favorezcan el acceso a fondos europeos, el fomento de industria ligada a la I+D+i en los municipios, la mejora de los servicios bancarios en zonas rurales, la facilitación del acceso a la vivienda en el medio rural o la incorporación de jóvenes al sector agrario, entre otras.
En el proceso de consulta pública, abierto durante el mes de febrero, Acción Castilla y León ha sugerido líneas de actuación dirigidas a revitalizar económica y socialmente la comunidad autónoma, «una de las que más acusan la despoblación, el envejecimiento, el éxodo juvenil y la falta de oportunidades de desarrollo en España».
El colectivo subraya que Castilla y León, «con su enorme potencial en el sector educativo», debe aprovechar la enseñanza del castellano como un motor económico. La propuesta consiste en crear una marca de calidad para la enseñanza del idioma, construir residencias para estudiantes internacionales y establecer acuerdos con empresas del sector educativo, lo que convertiría a la comunidad en un referente en la enseñanza del castellano. De esta manera, «no solo se potenciaría la economía regional, sino que también se daría un valor añadido a la identidad cultural de la zona».
Acción Castilla y León señala la necesidad de revisar la clasificación territorial europea (NUTS 2), «ya que el actual sistema no refleja la realidad de las regiones despobladas». Para ello, se propone una redistribución de estas unidades para que las zonas rurales puedan acceder a fondos europeos destinados específicamente a su desarrollo. «Esta modificación permitiría un reparto más justo de los recursos y ofrecería a las áreas más afectadas por la despoblación las herramientas necesarias para su revitalización», estiman.
El colectivo propone, además, la instalación de empresas tecnológicas y sostenibles en municipios de menos de 5.000 habitantes, a través de la financiación de fondos Feder, «con el objetivo de establecer una economía más sostenible y diversificada». Esto posibilitaría, a su juicio, la creación de empleo en las zonas rurales y su consecuente fijación de población, además de fomentar el uso de energías renovables y la digitalización empresarial.
También se hace énfasis en la urgencia de agilizar los trámites burocráticos que afectan a la investigación y el desarrollo en la comunidad autónoma. Se propone la creación de plataformas web para la certificación de méritos de los investigadores, la revisión de los procedimientos administrativos y el establecimiento de una oficina de apoyo a investigadores, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y promover la colaboración entre centros de investigación y empresas.
Propuestas para el campo
Igualmente, el colectivo ha señalado la necesidad urgente de promover el relevo generacional en el sector agrario, pues actualmente solo un 8,6% de los agricultores en Castilla y León son menores de 40 años. Para afrontar esta problemática, se sugiere la creación de Espacios Test Agrarios, ayudas públicas para jóvenes, bancos de tierras o programas de formación y asociacionismo juvenil. «Estas acciones facilitarían que los jóvenes se incorporaran a un sector clave en la comunidad autónoma, asegurando su viabilidad a largo plazo».
Finalmente, el colectivo manifiesta la necesidad de asegurar servicios bancarios en zonas rurales, incentivar la formación en banca online para los habitantes de estas áreas, implantar oficinas bancarias móviles y garantizar que el dinero en efectivo esté disponible en todos los municipios.
