«Quería el certificado de bautismo de mi abuelo, que nació en Ferreras de Abajo el 6 de septiembre de 1894 y fue bautizado en el mismo pueblo el 9 de septiembre de 1894». Es un ejemplo, aunque se ajusta bastante a uno de los últimos correos electrónicos recibidos en el Archivo Diocesano de Zamora. Como tantos otros, llega del otro lado del charco, en esta ocasión de Argentina. Lo escribe una mujer que busca certificar el origen de su abuelo, que emigró a América a principios del siglo XX para intentar ganarse la vida. Lo necesita para obtener la nacionalidad española.
Cada mes, el Archivo Diocesano de Zamora recibe entre 50 y 60 peticiones de este tipo. Son fruto de la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, que concede la nacionalidad española a aquellas personas que, cumpliendo después una serie de requisitos, acrediten que sus antepasados eran españoles. La provincia que antaño envió a tantos emigrantes a América ve ahora como sus antepasados quieren regresar a España. O, al menos, conseguir una nacionalidad que les abriría la puerta a retornar.
La primera persona que lee esos correos es Jaime Gallego, es miembro de Zamorarte y es la persona que se encarga de dar un halo de esperanza a las personas que pretenden empezar a encontrar un futuro mejor desde lás páginas de los libros de las parroquias zamoranas. Junto con el archivero diocesano, José Carlos de Lera, Gallego es quien bucea entre las anotaciones de cientos de sacerdotes que, a lo largo de las décadas, han dejado constancia de los bautismos, matrimonios y defunciones que se han producido en la provincia de Zamora. Algunas veces, las muchas, hay éxito, y el correo que se devuelve a la persona que busca la nacionalidad tiene buenas noticias. Otras resulta imposible encontrar la anotación sacramental, bien porque no existe o bien porque las indicaciones que se dan no son exactas o correctas. Un correo que se convierte en un mazazo para la persona que busca a sus antepasados.
En realidad, Jaime Gallego no pide una información excesiva para comenzar a buscar. Nombre, si puede ser el de los padres, año en el que se celebró el bautismo e, imprescindible, la parroquia. «En la emigración a América había muchas personas que decían que eran de Zamora, pero no daban más datos. Es muchas veces algo complicado. Incluso para las personas que han conocido a sus abuelos puede ser hoy difícil saber dónde y cuándo fueron bautizados», más aún cuando esa información se pierde por los recovecos de los recuerdos familiares. Una vez se localiza la anotación en los libros parroquiales se elabora un certificado, que se envía por correo certificado normalmente al otro lado del Atlántico, casi siempre a Cuba o a Argentina.
La Diócesis de Zamora, y concretamente Zamorarte, cumplen con la Ley de Memoria Democrática unas funciones que, a priori, deberían ser más propias de los registros civiles. Sin embargo, la ley se promulgó sin que se dotara de recursos públicos a las administraciones que deberían haberla puesto en práctica, y es aquí donde entró a formar parte del tablero el Archivo Diocesano. «Cumplimos en este apartado una auténtica función social», defiende De Lera, que subraya que las personas que buscan aquí pruebas que testifiquen el origen de sus antepasados llaman, muchas veces, a la única puerta que les queda.
Pero hay otra razón que habla de la importancia de este archivo, y es meramente cronológica. La gran emigración de la provincia de Zamora hacia América se produce a finales del siglo XIX y principios del XX. La mayoría de las peticiones de certificados, de hecho y según asegura Jaime Gallego, llegan de personas que descienden de sayagueses (uno de cada tres, muchos de ellos de Fermoselle) y hablan del periodo comprendido entre 1850 y 1900. El Registro Civil arranca en el año 1871. Esto quiere decir que, para certificados de personas que vinieran al mundo antes de esa fecha, los únicos registros que sirven son los de las parroquias.
Búsquedas, en ocasiones, complejas
Tanto Jaime Gallego como José Carlos de Lera trabajan en su día a día con tomos antiquísimos, libros que parece que se van a deshacer en mil pedazos cuando uno pasa la página. No ayuda a encontrar lo que se busca el tipo de letra de la época, complicado de leer para cualquiera que no tenga el ojo tan hecho como ellos dos. Tampoco los errores o cambios ortográficos (son habituales las «b» en apellidos con «v», y viceversa) ni el cambio de denominación de algunos pueblos, como Morales del Vino, llamado en los archivos Morales de Zamora hasta hace pocas décadas.
«Cuando nos escriben necesitamos, mínimo, la parroquia, para buscar en solo un libro, ya que buscar en varias parroquias es directamente imposible. Y después, un año, aunque solemos ampliar la búsqueda a los dos anteriores o posteriores si no lo encontramos a la primera». Normalmente, si los datos son buenos, la búsqueda es gratis, no así el certificado, que tiene un coste. Si los datos que se dan no son tan buenos, también se cobra la búsqueda, sin garantías de que se pueda encontrar o no algo. «Hay gente que nos dice que lo intentemos en varias parroquias, o en periodos muy amplios. Eso lleva varias horas y tenemos que cobrarlo sin saber si después vamos a encontrar algo o no», añade Gallego.
La actividad del archivo
El Archivo Diocesano custodia 401 fondos parroquiales de los 278 núcleos de población de la Diócesis de Zamora. Todos estos fondos están concentrados y descritos en los archivos, y prácticamente nada está digitalizado. Sí hay unos «índices» donde los historiadores acuden para saber dónde se encuentran los tomos, pero la búsqueda es después manual. «Algún día habrá que digitalizar esto, pero será un trabajo de años», apunta Jaime Gallego.
Durante el año pasado los archivos de la Diócesis recibieron 15.590 consultas presenciales por parte de 214 usuarios procedentes de nueve países distintos. Más del ochenta por ciento de las consultas tienen como objetivo la elaboración de árboles genealógicos. Los trabajos académicos ocupan también un lugar destacado en un día a día en el que la Ley de Memoria Democrática juega un papel importante desde el año 2022. Ahora, renovada hasta el mes de octubre de este año, se ha vuelto a notar un «empujón» de gente que busca acreditar sus orígenes para obtener la nacionalidad española.
