La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, ha intervenido este jueves en el pleno del Comité de las Regiones en dos debates que tratarán de abordar la configuración de la futura Política de Cohesión y el problema de acceso a la vivienda junto a los comisarios competentes en ambas materias.
La número dos del Ejecutivo autonómico ha recalcado la importancia de que se escuche la postura de las comunidades autónomas y regiones de Europa para que se conozca la realidad de cada territorio y así poder desarrollar políticas adaptadas a sus necesidades, ya que son éstas las que gestionan los servicios de una manera más próxima a los ciudadanos.
Asimismo, ha añadido que es preciso avanzar en una cohesión europea más flexible y que no sólo ponga a disposición líneas de financiación específicas adecuadas para cada región para afrontar, especialmente, el reto demográfico, sino la gestión de estas.
En lo que respecta al problema de acceso a la vivienda, Isabel Blanco ha manifestado el apoyo de Castilla y León a aumentar las inversiones, a través de los fondos de cohesión, en forma de ayudas específicas, y así facilitar la movilización de suelo tanto público como privado con el objetivo de construir vivienda accesible. La vicepresidenta también ha abogado por flexibilizar el marco regulatorio para construir más viviendas protegidas, por proporcionar, desde la Administración, alquileres asequibles y por rebajar la fiscalidad.
La vicepresidenta y también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha insistido en la necesidad de aplicar estas medidas para hacer frente «al aumento descontrolado de precios y a la insuficiente oferta», a lo que se suma la necesidad de acelerar la transición hacia viviendas más sostenibles. El acceso a la vivienda es, ha añadido, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos.
Además, Blanco también ha abogado por una Política de Cohesión «flexible, integradora, innovadora y descentralizada», en la que las instituciones locales y regionales sean los verdaderos protagonistas, y que afronte sin ambages el reto demográfico. La número dos del Ejecutivo autonómico ha insistido en que esta cuestión debe constituirse como uno de los pilares estratégicos de la UE, al nivel de las transiciones ecológica y digital.
La futura Política de Cohesión que se aplique a partir de 2027, ha propuesto Isabel Blanco, debe incluir líneas de financiación específicas y la gestión directa por parte de las regiones para hacer frente a las consecuencias de la despoblación, un problema que afecta a grandes áreas del continente europeo de manera permanente y que incide de manera directa en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental. La vicepresidenta ha expresado que los servicios se prestan donde residen las personas y, en comunidades como Castilla y León, grande y muy dispersa, con 2.248 municipios, de los cuales 2.119 no pasan de los 2.000 habitantes, llevar esos servicios es más costoso.
Por otro lado, Isabel Blanco ha explicado que se antoja urgente abordar una reducción de la burocracia y la eliminación de trabas administrativas, lo cual va ligado «a una mayor descentralización de los fondos». Estos «tienen que llegar de manera directa a las administraciones regionales y locales», ha añadido, para que estas puedan decidir cómo ejecutarlos en función de sus propias necesidades.
