La Subdelegación del Gobierno en Zamora confía en que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la reorganización de los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos no afecte a los cambios introducidos en los acuertelamientos de la provincia de Zamora.
Los jueces, según publican este lunes diversos medios de comunicación, han frenado la pretensión de que los responsables de los cuarteles formaran también parte de las patrullas de seguridad ciudadana y compatibilizaran sus funciones de organización con el patrullaje. Algo que afecta a los jefes de los cuarteles, a quienes se les pide que estén presentes cuando se instruyen diligencias o cuando hay detenidos, pero no al resto de agentes de la Guardia Civil.
En Zamora, cabe recordar, existe un plan de la Comandancia de «optimizar» la atención en los diversos cuarteles del medio rural, reduciendo las horas en las que estarán abiertos para presentar denuncias o hacer otras gestiones y destinando a esos efectivos al patrullaje. Desde la Subdelegación del Gobierno insisten en que la situación de Zamora es fruto de una «reestructuración» que se propone desde el seno de la Comandancia y que «no se va a cerrar ningún cuartel» en la provincia. «Lo que hay aquí es una iniciativa para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos tanto en materia de seguridad como de atención».
«Lo que se intenta es ver como, con los recursos que tenemos, se intenta dar el mejor servicio posible sin perjudicar a nadie», apunta el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. El representante del Ejecutivo insiste por lo demás en que «la idea ha sido puesta a prueba» y añade que ya tiene en su poder el informe elaborado por la Guardia Civil sobre el funcionamiento durante los últimos meses, que se pondrá en conocimiento de los alcaldes de los pueblos afectados en los próximos días.