Aplazamientos de pruebas que están citadas, anulaciones de consultas… Son «casos puntuales», pero las aseguradoras están dejando por atender a mutualistas en la provincia de Zamora en las últimas semanas ante la zozobra con el nuevo contrato de Muface, que tiene en pie de guerra a los trabajadores públicos (o a parte de ellos, pues dos de cada tres son atendidos ya por la Seguridad Social). La representante del sindicato CSI-F, Rosa María Herrero, asegura que el colectivo ha presentado ya estos casos «ante el Ministerio Fiscal» y solicita que se depuren «las responsabilidades que hagan falta» para poner fin a esta situación. El colectivo recuerda que la prórroga aprobada por el Gobierno garantiza la asistencia sanitaria a los mutualistas «hasta el próximo 31 de marzo». Fecha en la que, en teoría, debería estar listo el nuevo contrato.
El sindicato asegura «seguir vigilante» para que el contrato «llegue a buen fin», reivindica que el modelo de mutualismo «ha funcionado bien durante los últimos cincuenta años» y censura que el Gobierno «está actuando con una absoluta opacidad con sus empleados públicos». «Nosotros no tenemos ninguna duda de que el modelo es bueno y funciona, y además hay muchos mutualistas que dependen de esta atención sanitaria junto con sus familias». En Zamora, según fuentes de CSI-F, entre cinco y seis mil personas estarían directamente afectadas.
CSI-F recuerda que el nuevo contrato de mutualismo debería estar listo, o al menos aclarado, el cuatro de marzo. «Se ha conseguido desbloquear la situación gracias a la presión que hemos hecho porque, de no ser así, el mutualismo ya no existiría en España», reivindican los responsables de CSI-F Zamora. El sindicato desconvocó a última hora del miércoles la huelga que tenía prevista la jornada de este jueves en relación a este asunto, una medida «solidaria» pero que se trata en realidad de un paréntesis, pues los paros podrían volver a convocarse en las próximas semanas si la situación se tuerce.
Más reivindicaciones
El asunto de Muface es el que más preocupa a los funcionarios, que aseguran no obstante que retomarán las reivindicaciones tradicionales del colectivo una vez este asunto acabe por solucionarse, como es previsible que suceda. «Solicitamos que se abra la mesa general de negociación para buscar un modelo retributivo que compense la pérdida de poder adquisitivo que arrastramos desde los recortes del año 2010», apunta Herrero, que cifra esta merma del poder de compra en «un 20%». CSI-F recuerda además que «los funcionarios, a igual trabajo, deben tener igual salario», en referencia a las diferencias de sueldo entre las distintas comunidades autónomas, y reivindican una oferta de empleo pública generosa que elimine por completo la tasa de reposición.
