El Procurador del Común pone a la cafetería del Campus Viriato de Zamora como ejemplo del uso de los productos locales y de las «recetas tradicionales» en la elaboración de los menús para los estudiantes. Criterios estos, estima el organismo regional, que deberían ser importantes a la hora de adjudicar el servicio de comidas en las universidades y facultades de la comunidad autónoma y que ahora brillan por su ausencia en la mayor parte de los pliegos de condiciones. Así, en Zamora, el Procurador del Común destaca que en el pliego de condiciones «se valora especialmente la fruta y los productos frescos de temporada, la incorporación de platos y productos regionales y el fomento del comercio de proximidad».
Viene esto al hilo de la reciente publicación por parte del Procurador del Común de una resolución en la que anima al resto de facultades y universidades de la comunidad a emular en parte las exigencias de la cafetería del Campus Viriato a las empresas que quieran prestar el servicio de comedor. Se trata, inciden las mismas fuentes, de contratos en los que el criterio económico no puede ser el único a tener en cuenta, ni el más valorado por las mesas de contratación.
Los contratos públicos relacionados con los servicios de comedores y restauración de las universidades públicas de Castilla y León deben así incorporar, resuelve el Procurador del Común, «criterios medioambientales y sociales, tanto en la fase de selección de las empresas contratistas, como en la fase de ejecución de los contratos». Estos criterios deben guardar relación con el objeto del contrato, como forma de obtener la mejor relación calidad-precio en la prestación contractual; sin perjuicio de velar por el conjunto de principios por los que se debe regir la contratación, como el de concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Ello implica priorizar la obtención de los productos frescos, de temporada y de producción y venta de proximidad, minimizándose así el impacto producido por el transporte en el medio ambiente, y sirviendo, por razones sociales, de apoyo al sector primario y a las empresas de la comunidad y de las provincias en las que se ubican las universidades, «sin que el precio pueda ser el elemento que necesariamente determine en exclusiva las adjudicaciones de los contratos».
Menor impacto medioambiental
La inclusión de los productos de proximidad, razona el Procurador, viene justificada y «hay que ponerla al servicio de la necesidad de evitar o disminuir el impacto medioambiental que se produce en la prestación de los contratos cuando es preciso hacer uso de transportes para hacer llegar los productos a su destino». Así, por ejemplo, en los pliegos de prescripciones técnicas podría graduarse la puntuación en función de la distancia entre el punto de producción o transformación y el punto de consumo. En definitiva, cuanto más cerca, mejor.
La medida, encaminada a generar negocio con los productores locales y a hacer unos comedores más pegados a su tierra y sostenibles, se aplica ya en algunas comunidades autónomas, apunta el Procurador. Por ejemplo, en Cataluña, donde se fomenta la compra local a la vez que «se promueve una alimentación saludable y de calidad a través de procesos respetuosos con el medio ambiente» impulsando, a la vez, «el papel fundamental que el sector primario desarrolla en el territorio».
