El alcalde de Villafáfila, Antonio Rodríguez, alerta de las posibles implicaciones que tendría en el suministro de agua del pueblo la captación que la CHD ha autorizado para una planta de producción de hidrógeno verde en Granja de Moreruela. «Se ha autorizado una captación en un sitio muy comprometido y no sabemos lo que va a pasar», apunta el alcalde de la localidad, que denuncia además la «poca transparencia» del proceso.
Rodríguez añade que la misma Confederación Hidrográfica «que ahora ha acelerado tanto los plazos» para conceder la autorización del uso de agua es la que «eterniza los procesos» y «deniega autorizaciones» a los agricultores cuando plantean extraer agua de la acuífero para sus cultivos. «Lo que hacen es autorizar una cifra muy baja de agua al año para que no resulte rentable hacer el pozo y, por tanto, no se haga. Pero no han tenido los mismos reparos con esta empresa», asegura el regidor municipal.
En una comparecencia crítica con la situación que vive la provincia y con el (de momento) imparable avance de las energías renovables en varias comarcas, Antonio Rodríguez apunta que las empresas «se instalan en zonas en declive, donde hay terreno barato y donde no queda gente para defender su tierra». Así, censura que las dos plantas de hidrógeno que plantean instalarse en Granja de Moreruela llevan aparejadas decenas de miles de placas solares para autoabastecerse, unas placas que se instalarán prácticamente en los límites de la Reserva Natural.
Rodríguez, alcalde de Villafáfila con el partido Ahora Decide, ha realizado esta comparecencia acompañado por el representante provincial del partido, Manuel Fuentes, que denuncia que «el Estado, la Junta y la Diputación de Zamora han fallado a la provincia» en este asunto. «La CHD ha actuado con mucha prisa, sin informar a los ayuntamientos, y ha autorizado el consumo de 300.000 litros de agua al día en una zona necesitada de agua». Fuentes se cuestiona además cuál fue la motivación del Servicio de Industria de Zamora para elaborar un informe positivo para esta planta de hidrógeno y denuncia que la Diputación de Zamora «no presentara alegaciones cuando tuvo que hacerlo, ya que es la administración más cercana a los ayuntamientos».
Fuentes insiste en que «la pelota está ahora en el tejado de la Junta de Castilla y León», que tiene que elaborar un informe de impacto ambiental que condicionará el futuro de la planta, una industria que «puede afectar a la vida y a la economía» de los vecinos de la comarca si cristaliza la autorización del agua del subsuelo. «No estamos en contra de estos proyectos, pero hay que elaborarlos de manera sensata y contando con la aprobación de los vecinos», concluye Fuentes.
