La Plataforma Stop Biogás Castilla y León se ve desamparada por parte de la Junta de Castilla y León y denuncia públicamente, lo hace tras una reunión con responsables autonómicos celebrada este jueves, la «falta de compromiso» de la administración regional «con las preocupaciones de las comunidades afectadas por la proliferación de macroplantas de biogás y macrogranjas».
Responsables del colectivo regional contra las macrogranjas y macroplantas de biogás de Castilla y León, donde se han integrado personas de Zamora, mantuvieron un encuentro con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, y con el jefe del servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, Jaime Fernández. Una reunión en la que los colectivos ciudadanos expusieron ante responsables del Gobierno la batería de preocupaciones que vienen haciendo públicas en las últimas semanas: aumento de las emisiones nocivas, de la presencia de macrogranjas y del tráfico de camiones cargados con residuos por las carreteras locales, entre otras cuestiones.
La plataforma considera que la normativa existente subestima las emisiones a la atmósfera de las plantas de biogás, que, sumadas a las de las macrogranjas, «aumentan los riesgos ambientales y sanitarios para la población». Prevén además un «aumento descontrolado de las macrogranjas» e inciden en la falta «de garantías legales y financieras», aunque los responsables de la Junta puntualizan que las empresas que están detrás de las plantas de biogás «cumplen con la Ley de Garantías Financieras».
«Sensación de abandono»
«En lugar de abordar las preocupaciones de los ciudadanos, la Junta parece delegar en ellos la responsabilidad de auditar los proyectos deficientes y de proteger a las comunidades», lamenta la Plataforma Stop Biogás, que asegura salir de la reunión con «sensación de abandono».
Las exigencias planteadas al término del encuentro vienen a ser las mismas que se han ido registrando durante los últimos tiempos: transparencia en la gestión de estos proyectos, revisión exhaustiva de los expedientes antes de su publicación y que se dé prioridad a las comunidades locales frente a los intereses empresariales. «Los habitantes de Castilla y León defendemos nuestra salud, nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra», concluyen.
