Manzanal de los Infantes aprueba una ordenanza fiscal que obliga a las empresas de transporte de energía eléctrica, de gas, agua e hidrocarburos a pagar una tasa por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público. Estarán obligadas al pago todas las personas físicas o jurídicas que tengan instalados sistemas de suministro de estas fuentes de energía y suministro, principalmente grandes empresas.
Se gravarán instalaciones de transporte de energía eléctrica con todos sus elementos indispensables, que a estos efectos son cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía. También instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos, instalaciones de bombeo u otros similares que realicen una utilización privativa del dominio público local. El impuesto será anual.
Así las cosas, por ejemplo, las empresas tendrán que pagar 1.185 euros por metro de línea de alta tensión soterrada y 17 euros anuales de impuesto, trece euros por metro de canalización de gas y un euro anual de impuesto, o 10 metros por instalación de tubería de agua y setenta céntimos anuales por el uso.
El establecimiento de tasas por el uso del suelo de las empresas suministradoras de energía es un canon que cada vez suena con más fuerza en algunos ayuntamientos de la provincia. Entre los importantes, es una temática que puso sobre la mesa la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, en la entrevista publicada recientemente por este periódico. Medina apuntaba que el término municipal de Toro, uno de los más grandes de la provincia, está atravesado de punta a punta por redes de suministro. «Estas empresas también tienen que contribuir al mantenimiento de los servicios públicos del Ayuntamiento», aseguraba la alcaldesa, refiriéndose a este asunto como una posible nueva vía de financiación para la entidad local.
