Hasta 57 plantas de biogás que necesitarían un total de 8,5 millones de toneladas anuales de «combustible» para funcionar. Estas son las cuentas que los colectivos en contra de la proliferación de este tipo de industria hacen para la provincia de cumplirse las expectativas del sector del gas, que estima que en Castilla y León podrían llegar a construirse 520 plantas repartidas a lo largo del territorio.
Las estimaciones toman como referencia el último documento de referencia en este sentido, que es el «Estudio de la capacidad de producción del biometano en España», publicado hace unos meses por la Asociación Española del Gas. Un colectivo relevante, habida cuenta de que engloba a varias de las empresas que apuestan y tienen capacidad para trabajar con este tipo de energía. El documento es tajante y muestra las intenciones del sector, que indican que Castilla y León tiene capacidad para acoger la friolera de 520 plantas de biogás en su territorio. Sería el diez por ciento del total de la capacidad estimada de todo el territorio nacional.
Las mismas fuentes hablan de una generación de puestos de trabajo que rondaría los 5.200 contratos, esto es, diez personas por planta. Una cifra no muy elevada pero que, según los proyectos que se van publicando (al menos en Zamora) está alejada de la realidad. La mayoría de las plantas pueden funcionar con cuatro o cinco personas en nómina.
Los colegios de ingenieros industriales se muestran a favor de esta industria. «A la luz de los informes elaborados por expertos en esta materia, que señalan a Castilla y León como la comunidad con mayor potencial de crecimiento en la generación de gas metano, los ingenieros industriales instan al Gobierno de la nación, a la Junta y a las corporaciones locales a facilitar —en función de sus competencias— la construcción de plantas de gas metano con incentivos económicos y fiscales, simplificando trámites y reduciendo la burocracia», precisan estos profesionales.
Las plantas se tendrían que construir al abrigo de un Plan de Biogás, en el que trabaja la Junta para el periodo 2024-2034, que todavía no ha visto la luz. La normativa vendrá a regular las condiciones de la implantación de la industria y los objetivos de la comunidad en esta materia, pero la realidad es que muchos proyectos se están presentando antes de que el texto legal vea la luz.
Alegaciones
Las alegaciones han comenzado por las de Ecologistas en Acción, que insiste en que la Junta de Castilla y León «debe recopilar y publicar datos exhaustivos por provincia de la producción de cada fracción de residuos, así como los datos concretos que justifiquen la disponibilidad de cada fracción de materia prima después de aplicar las previsiones de gestión preferente, incluyendo en primer lugar previsiones de reducción en la generación de residuos».
El colectivo insiste además en alejar las plantas de los núcleos urbanos (habla de al menos 500 metros, una distancia corta) y indica que el tránsito de camiones por los pueblos debe restringirse. En todo caso, Ecologistas en Acción considera que deben tramitarse como proyectos de interés regional únicamente los que cuenten con aceptación vecinal.
Protesta para el próximo lunes
Por lo demás, vecinos de Jambrina han convocado para este lunes, a las cuatro de la tarde, una marcha a pie desde Jambrina hasta Peleas de Abajo. Una de las dos plantas proyectadas en Peleas, indican los vecinos, está más cerca de las casas de Jambrina que de las del término municipal que acogerá las instalaciones, lo que ha provocado la indignación en el pueblo afectado.
La marcha se ha convocado para pedir al alcalde Peleas de Abajo, Félix Roncero, una recapacitación. «Donde ahora ves riqueza, verás pobreza», insisten los convocantes. Las plataformas contra el biogás han manifestado que apoyan la convocatoria.
