Zamora contará en un plazo de cinco años con cien nuevas viviendas públicas, destinadas a la compra por parte de jóvenes, repartidas por todas las localidades de la provincia a excepción de Zamora. Se construirán en el marco del convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales, que contempla la construcción de mil inmuebles por toda la comunidad.
La Diputación y el Somacyl trabajan ahora en identificar cuáles son los puntos de la provincia en los que, por las características de la población y las del propio entorno, son más necesarias estas nuevas edificaciones. Serán viviendas de noventa metros cuadrados con cocina, salón-comedor, tres dormitorios y dos baños. En los pueblos más pequeños su tipología obedecerá a lo que es habitual en las localidades zamoranas, pudiendo construirse vivienda en bloque en algunos municipios más grandes, como Benavente.
Son los propios ayuntamientos los que deben pedir a la Diputación la construcción de una de estas viviendas. Para que la demanda de inmuebles sea acorde a lo que se precisa en la zona, las casas que no hayan encontrado comprador en tres años tendrán que ser adquiridas por los propios ayuntamientos. Se baraja además que algunas de estas casas sean «industrializadas» para que se acorten los plazos, se reduzcan los cortes y se palie, en la medida de lo posible, la escasez de empresas de construcción y de personal especializado que hay en la provincia.
Por lo que refiere a los precios y las condiciones, el precio base con el que se trabaja es de 114.000 euros. Si el comprador es menor de 36 años la Diputación abonaría el 10% del total y otro tanto la Junta, existiendo además un convenio con entidades de crédito para que se financie ese 80% restante mediante una hipoteca. El director del Somacyl, José Manuel Jiménez, ha puesto sobre la mesa un dato «relevante», y es que un joven que tenga ahorrados 2.500 euros tendrá el dinero suficiente para poder comprarse una vivienda de estas características en los pueblos.
Entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios están no ingresar más de cinco veces el IPREM, estar inscrito en el Registro Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León o no tener ninguna otra vivienda en propiedad. Los ayuntamientos podrán colaborar en la selección de beneficiarios.
