Las ayudas autonómicas a la modernización del sector vitivinícola de Castilla y León alcanzaron los 6,2 millones de euros en 2024, según comunicó este sábado la Junta de Castilla y León, que explicó que estos fondos, financiados con aportaciones europeas, «permitirán mejorar la competitividad de 1.200 hectáreas de viñedo pertenecientes a 181 viticultores de la comunidad».
Las operaciones que se financiarán con cargo a este presupuesto, centradas en las replantaciones, las mejoras técnicas de gestión o las reconversiones, también buscan adaptar el cultivo a los cambios que el clima está experimentando, además de hacerlo más sostenible.
Para poder beneficiarse de las ayudas, cuyas inversiones deberán ejecutarse a lo largo de 2025, los receptores se comprometen a mantener la superficie de viñedo subvencionada en condiciones de cultivo e inscrita en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL) durante un período mínimo de diez campañas, a contar desde la campaña siguiente a aquella en la que solicite el abono. En caso de acogerse a alguna de las figuras de calidad vitivinícola, la superficie de viñedo deberá estar inscrita en el registro de la Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) correspondiente.
Asimismo, si se ha señalado que la explotación se transforma a secano o se mantiene en este tipo de manejo, el viticultor se compromete a no instalar el sistema de riego durante diez campañas a contar desde la campaña siguiente a aquella en la que solicite el pago de la ayuda.
El sector del vino contribuye con el 3,1 % del PIB autonómico, ayuda a mantener unos 33.000 trabajadores entre directos e indirectos, «además de establecerse como una herramienta muy efectiva en la lucha contra el reto demográfico, ya que la gran mayoría de las 750 bodegas elaboradoras existentes en la actualidad se encuentran ubicadas en municipios del medio rural», según ha constatado la Junta.
Igualmente, cabe reseñar que el 95% de las 84.000 hectáreas de viñedo registradas en Castilla y León, que suponen el 8,74% de la superficie nacional de uva para vinificación, están acogidas a alguna de las 16 Denominaciones de Origen Protegidas o Indicación Geográfica Protegida (Vinos Tierra de Castilla y León) que existen en la geografía autonómica, varias de ellas en Zamora.