La Junta de Castilla y León asegura que el Gobierno de España incurriría en «desviación de poder» si aboga por mantener el régimen jurídico de protección del lobo cuando el Convenio de Berna ha abogado hoy por rebajarlo. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, apunta que, si bien los estados pueden aumentar el grado de protección del cánido sobre los mínimos marcados por Europa, «habría que justificarlo en unas razones de conservación» que, según la Junta, ahora no se cumplen.
«El lobo no está en regresión, está en expansión, provocando unos daños intolerables para el medio rural», señala el consejero, que ha animado a «preguntar a los ganaderos de comarcas como Sayago, donde los lobos se han duplicado». En la misma línea, ha abogado por «un compromiso con el medio rural» devolviendo el lobo a su estatus anterior y permitiendo su caza, con restricciones, al norte del Duero.
«Europa camina en un sentido y el Gobierno de España, en el contrario», apunta Suárez Quiñones. «España no tiene otra salida» que rebajar la protección de lobo al norte del Duero, ha añadido el consejero. «Hemos publicado los censos y de 179 manadas en 2013 se ha pasado a 193. También hay incrementos en Galicia, Cantabria, Aragón y La Rioja. Es falso que el lobo esté en regresión», concluye el responsable de Medio Ambiente.
El consejero ha hecho estas declaraciones un día después de participar en el simposio europeo sobre el lobo, previo a que el Comité Permanente del Convenio de Berna tome la decisión de flexibilizar el régimen jurídico de protección de la especie, antecedente necesario para que la Unión Europea tome la misma decisión modificando la Directiva Hábitats.
Vuelta a los estándares existentes hasta el año 2022
La Junta de Castilla y Leon, de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional del lobo vigente hasta el año 2022, siempre ha defendido que la población de lobos de España es una única población que está en expansión y que ha colonizado el sur del Duero desde el Norte y que, por lo tanto, debía de modificarse la situación legal de la especie en la Directiva Hábitats, pasando a estar toda la población en el anexo V.
La Junta siempre ha calificado la medida de prohibir la caza del lobo al norte del Duero como «unilateral e ideológica, sin estar basada en criterios de conservación sino en decisiones políticas que perjudicaban a la ganadería y al medio rural. Una decisión sobre la que pende un recurso ante la Audiencia Nacional tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas y otras entidades», recuerda la administración regional.
La Junta de Castilla y León ha insistido en que este cambio mejorará su capacidad de gestión de la especie, asegurando que estas medidas permitirían un manejo más eficiente del lobo en consonancia con las necesidades del territorio y las directrices europeas. El consejero también recuerda que al norte del río Duero la flexibilización en la gestión no necesita un cambio en el estatus legal del lobo, puesto que su protección estricta es una medida nacional adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que «está en sus manos el revertirla mañana mismo».
