La residencia de Los Tres Árboles de Zamora no es propiedad de la Junta de Castilla y León, sino del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así lo asegura Teresa Peral, directora del INSS de Zamora, que realiza estas declaraciones al hilo de las intenciones de la Junta de ceder las instalaciones a Asprosub una vez esté construida y en uso la residencia del Alto de los Curas. Unas intenciones que, según Peral, carecen de toda base legal.
«Tiene que quedar muy claro para todos los ciudadanos que la residencia de Los Tres Árboles pertenece al patrimonio de la Seguridad Social. La Junta únicamente tiene asignado el uso de este inmueble de manera temporal», apunta la directora del INSS de Zamora. «Si no es de la Junta, ¿cómo pretende cederlo a terceros?», se pregunta Peral. «Es algo que carece de sentido común y de apoyo legal. Ante cualquier atropello de este nivel, la Seguridad Social actuará con contundencia», apostilla la directora del INSS.
En idéntico sentido, y según las mismas fuentes, la Seguridad Social se habría dirigido ya a la Junta de Castilla y León para advertirle de la situación. «Somos una administración muy seria, muy contundente y, ante situaciones de ese tipo, actuaremos con todas las medidas a nuestro alcance. La residencia, una vez deje de tener el uso actual, «revertirá» a la Seguridad Social. «Haremos un proceso de retrocesión y volverá a su titular», añade Peral.
Residencia de personas con discapacidad
Fue la propia consejera de Familia, Isabel Blanco, la que aseguraba hace unas semanas que la Junta estudia que la residencia de los Tres Árboles pasara a prestar servicio a personas con discapacidad cuando deje de ser un centro utilizado por personas de la tercera edad. Conviene recordar que la actual residencia situada en esta zona cercana al río Duero trasladará su servicio a las instalaciones que se están construyendo, con una inversión superior a los veinte millones de euros, en una parcela cercana al Hospital Virgen de la Concha.
Desde esa óptica, la Junta viene un tiempo deslizando la idea de destinar el edificio que quedará vacío a usos sociales, siempre y cuando la Seguridad Social mantenga la cesión del inmueble, algo con lo que ya contaba la administración autonómica de forma, al parecer, extraoficial.
