La negativa estatal a las ayudas para arrancar viñedo abocan al abandono en Zamora, indican desde la agrupación COAG, a más de mil hectáreas de viña. Es, aproximadamente, el diez por ciento del total de la superficie de viña que hay en la provincia, indican las mismas fuentes. Una negativa que se desprende, abundan las mismas fuentes, en las últimas declaraciones al respecto del ministro Planas, que cierra la puerta a la opción de ayudar a arrancar viñedo para «controlar el potencial productivo y adecuarlo a la situación del mercado».
Unas declaraciones que han causado indignación y sorpresa del sector vitícola. El sector insiste en que son necesarias medidas «orientadas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda». Las propuestas fueron remitidas en septiembre al Ministerio y siguen, a día de hoy, sin respuesta.
Entre las medidas, que ya han sido remitidas al resto de administraciones e instituciones autonómicas y europeas que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo. “No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo”, subrayan desde COAG.
Posibilidad de replantar
Asimismo, se propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.
Tras el periodo máximo de 6 años, las OPA proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. COAG, UPA y ASAJA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.
COAG también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.
