Más vivienda pública, especialmente dedicada a los jóvenes, en los pueblos de la provincia de Zamora. Este es el fin del protocolo que han rubricado este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la región, entre ellos Javier Faúndez. «Apostamos por la vivienda en el mundo rural, tanto en régimen de alquiler como de compra para los jóvenes», asegura Fernández Mañueco.
Aunque aún no se conoce la cifra de cuántas viviendas se construirán en Zamora, sí que se han hecho públicos los grandes números de este proyecto. En lo referente a alquiler, se van a incorporar 88 viviendas en los pueblos dentro del programa Rehabitare. Esto supondrá una inversión de nueve millones de euros con los que se pretende que la cifra de viviendas públicas en alquiler en la comunidad supere las cuatro mil en los próximos años.
Aunque la inversión más importante llega en la construcción de nuevas viviendas para la compra. De aquí al año 2030, de la mano de las Diputaciones, la Junta pone sobre la mesa 150 millones de euros para levantar mil viviendas públicas en los pueblos de Castilla y León. Viviendas cuyo precio estará además bonificado en un veinte por ciento para los jóvenes, descuento que asumirán a partes iguales las diputaciones y la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda.
Otras iniciativas
Estas iniciativas se suman a otras ya en marcha, como las ayudas directas al alquiler, que benefician a 18.000 familias; distintos beneficios fiscales; y los avales para la compra en el parque de vivienda pública. «Con las viviendas de promoción pública que la Junta construye en la comunidad, junto a las del patrimonio municipal ya rehabilitadas y a las que se crearán de la mano de las diputaciones, Castilla y León tendrá un gran parque público de vivienda al servicio de los jóvenes y las familias más vulnerables», apunta Mañueco.
El presidente señala que el Gobierno autonómico «ofrece una política de vivienda activa, seria y realmente útil para fijar población, al ayudar a los jóvenes a emanciparse y propiciar el desarrollo de su proyecto de vida en Castilla y León; y, también, al garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas». Asimismo, subraya que los protocolos hoy suscritos son un magnífico ejemplo de colaboración entre administraciones y de la apuesta de la Junta de Castilla y León por el medio rural, con el objetivo de atraer actividad económica y empleo.
