La UNED de Zamora, a través de su Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, ha coordinado un proyecto titulado «Las energías limpias en el mundo rural zamorano: su realidad e impacto económico». Este análisis, que será publicado próximamente en la revista científica Studia Zamorensia, se centra en la realidad energética pasada, presente y futura de la provincia, particularmente en la capacidad productora del territorio. Patricia Martín Blanco, Antonio Rodríguez González y José Delgado Álvarez son los autores de este texto que se reproduce íntegro a continuación:
La provincia de Zamora no solo destaca por la belleza o la singularidad de sus paisajes, la diversidad topográfica y geológica, la riqueza agraria, patrimonial, cultural y medioambiental, entre otras, que hacen de este territorio un enclave único a nivel nacional e internacional, sino también por su capacidad como provincia productora de energía y pionera en cuanto a renovables.
En el marco de las orientaciones estratégicas de la UNED, entre las que se incluye el impulso a la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje transversal, se ha desarrollado desde el Centro de la UNED de Zamora, coordinado por su Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, el proyecto titulado “Las energías limpias en el mundo rural zamorano: su realidad e impacto económico”, cuyo estudio ha corrido a cargo de la beneficiaria de la beca de investigación de las prácticas académicas externas extracurriculares-ODS. Los resultados de su arduo trabajo, algunos de los cuales aquí mismo se ponen de manifiesto, se harán públicos en la revista científica Studia Zamorensia (segunda etapa) en los próximos meses. Estos ayudarán a comprender la realidad energética pasada, presente y futura de nuestra provincia, cuya particularidad principal radica en su capacidad productora, así como la fácil comprensión de la legislación tributaria asociada a la misma y la repercusión que esta tiene y podría llegar a tener para el desarrollo socioeconómico del mundo rural zamorano, cuya relevancia se incrementa más si cabe en el contexto temporal actual de renovación de algunas concesiones hidroeléctricas.
Zamora, una provincia pionera en la producción de energía renovable
Esas singularidades geográficas que se convierten en la base de nuestra riqueza ambiental y cultural, también se erigieron como factor de localización de la industria hidroeléctrica en España y de la puesta en marcha de las energías renovables. El encajamiento de la red hidrográfica del suroeste de la provincia, así como la dominancia de materiales paleozoicos (granitos y gneis), posibilitan por un lado la “fácil” acumulación de grandes masas de agua fluvial y, al mismo tiempo, ayudan a reducir los riesgos inherentes de la construcción de la presa, como puede ser la filtración y la consiguiente inestabilidad de los materiales.
Es por ello que, desde comienzos del siglo XX, tras la construcción de central de San Román de los Infantes, la provincia zamorana copa protagonismo en cuanto a la producción de energía renovable, calculada en el año 1914 en 209 MWH. Su incremento significativo con el paso de los años, debido mayoritariamente a la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas, facilitó que se alcanzase en el año 1960 una producción de 1.382.061 MWH, según datos extraídos del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, posicionando a la provincia en el pódium de producción energética a nivel nacional. A pesar de existir provincias con mayor número de centrales, siendo un buen ejemplo de ello Barcelona, con 305 centrales, el contraste productivo resultaba abismal. Zamora superaba el millón de MWH, como así se ha señalado anteriormente, a través de las 12 centrales ubicadas en la provincia en dicho año, si bien en Barcelona tan solo se alcanzaban 237.874 MWH, hecho que pone de manifiesto nuestro importante carácter productivo.
Gen exportador
La continua sangría demográfica y la reducida industrialización, fenómenos que compartimos con un gran número de provincias de interior, promueven nuestro carácter exportador, como así se puede justificar desde 1960, año en el cual el consumo energético de la provincia de Zamora se calculó en 36.015 MWH, tan solo el 2,6% de lo producido en ese mismo año.
En la actualidad la tendencia se sigue manteniendo. La producción de energía renovable de la provincia de Zamora llega a 2.432.000 MWH en el año 2022, al tiempo que el consumo apenas supera los 685.000 MWH. El resto de la energía es exportada a otros territorios, grandes consumidores, como son las urbes y los focos industriales. Sirve de ejemplo el significativo contraste existente entre la provincia de Zamora y Madrid para ese mismo año, generando esta última 609.000 MWH y consumiendo 27.480.000 MWH, lo equivalente al 11% del total nacional según datos de Red Eléctrica. De ello puede extraerse que la provincia de Zamora produce 4 veces más energía que Madrid al tiempo que consume únicamente el 2,5% de lo registrado por la capital.
Castilla y León, el sistema circulatorio de España
El carácter exportador y su ubicación ocasionan que la mayor parte de las redes eléctricas que discurren por el país se localice en Castilla y León. Su situación estratégica, nexo de unión entre Galicia y Madrid, así como con Asturias y País Vasco, zona de paso de la producción de otras comunidades autónomas como Extremadura y área de conexión con Portugal, convierten a esta Comunidad en el sistema circulatorio de la red eléctrica de España. A pesar de ello, de esa desigualdad territorial en cuanto a la distribución de la línea eléctrica, así como de la propia producción y del consumo, la legislación española vinculada al Sector Eléctrico ha fijado algunos criterios que muestran cierto sesgo comparativo. Así se refleja en el artículo 16.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuyo título denota esas discrepancias. “Los peajes y cargos serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos”. De ello se extrae la existencia un mismo canon de peaje, sin tener en cuenta las pérdidas caloríficas propias del transporte, del mantenimiento y de la distribución, que suponen unas pérdidas económicas muy significativas para los territorios productores que tienen que “enviar” esa energía a otras áreas del territorio nacional. Al mismo tiempo, nos surge la duda de ¿por qué tengo que pagar un mismo canon de transporte si esa energía se genera en mi provincia, a poca distancia?
Al desamparo de la ley
Las empresas productoras de energía, como cualquier otra empresa o particular, están sometidas al pago de los tributos correspondientes a su actividad económica. Junto a los Impuesto de Sociedades por los beneficios obtenidos en su actividad, los impuestos de general aplicación, como es el caso del IVA, repercutido a los consumidores, o el del IRPF de sus trabajadores, entre otros, las empresas que explotan el dominio público hidráulico están sometidas a un canon hidroeléctrico, establecido por el art. 111.bis y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Su determinación, basado en el principio de recuperación de costes, responde a aspectos puramente territoriales, en base a los efectos producidos en el territorio por los diversos modos de explotación privada del recurso público hidráulico, cuya consecuencia natural sería la obligación de reinversión de lo obtenido por dicho canon en los territorios donde se genera esa producción dadas las causas por las que se recauda el mismo. Así puede extraerse del apartado tercera del mencionado artículo, donde se cita textualmente que “Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas (…)”
A pesar de ello, el destino de lo así recaudado, fijado en el 25,5% de la base imponible, es decir, del valor económico de la energía producida, corresponde al organismo de Cuenca y al Tesoro Público del Estado, sin que se plantee vinculación alguna con el hecho imponible generador de la tasa, obviando la causa de la exacción para dirigir tan importante recaudación no a la compensación de los territorios afectados (y perjudicados) por la construcción de las presas y el embalse de aguas, sino a la financiación del organismo de Cuenca y del sector eléctrico y al fomento de energías renovables.
Este hecho se repite de nuevo en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien percibe ingresos por las instalaciones energéticas, tanto de las generadoras de energía hidráulica o los parques eólicos instalados en la misma, como por el transporte de energía por su territorio, y a pesar de establecer un impuesto la afección medioambiental debido a los aprovechamientos del agua embalsada, del espacio ocupado por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En este caso tampoco se tiene en cuenta el lugar de generación, ni que el hecho imponible está directamente relacionado con los efectos negativos sociales, económicos y medioambientales producidos sobre el territorio en el que se ubican estas instalaciones, como así se recoge en el art. 51 del Decreto legislativo 1/2003, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
Resulta comprensible que el porcentaje del valor impositivo debería verse aplicado de vuelta a la provincia de Zamora si el hecho imponible tuviese un significado lógico y el objetivo finalista de la tasa fuese consecuente con este. Pese a la gran relevancia de Zamora como provincia de producción energética, y su repercusión en el país, económicamente no se ve recompensada por ese esfuerzo del cual, parece sencillo entender, debería beneficiarse su territorio.
Perspectivas ante la finalización de las concesiones de generación hidráulica
Es el momento de reflexionar y actuar ante el periodo que se inicia de finalización de concesiones de gestión para 255 embalses de generación de energía hidráulica en España. Quiere la fortuna que la primera de las concesiones que finalizan sea en la provincia de Zamora, en concreto la central hidroeléctrica de Villalcampo, el próximo mes de diciembre de 2024.
Las actuales concesiones no precisan de un período de amortización de la inversión, siendo esta mínima como consecuencia de la innecesaria construcción de las instalaciones y debido al pleno funcionamiento que presentan las centrales. Resulta preciso pensar que es el momento, a nuestro entender, de que estos territorios puestos al servicio del desarrollo del Estado y del crecimiento económico de otras áreas perciban parte de esa producción. Para poder asegurar lo señalado, se debería fijar en el propio pliego de condiciones para la nueva concesión unos mínimos obligatorios para cualquier participante en el concurso, asociados a la capacidad productiva de cada central, que garanticen el desarrollo social, ambiental y económico de los territorios afectados a través de inversiones de la concesionaria y del propio Estado.
De igual modo, cabe señalar, en relación al canon abonado por las empresas que explotan parques eólicos o plantas fotovoltaicas, que carece de sentido que quienes explotan una central hidroeléctrica se vean libres de ese mismo pago por habérsele otorgado, en su día, el beneficio de la expropiación forzosa en detrimento de estas tierras y en favor exclusivo de la concesionaria. Resulta justo y necesario que estas deban abonar a cada municipio involucrado una cantidad por hectárea afectada por el embalse similar a la abonada por las empresas fotovoltaicas en la misma zona.
Las renovables son el presente y el futuro energético, un importante mecanismo de lucha contra el cambio climático, y siempre que las concesionarias y el Estado así lo quieran, siendo justos con los territorios y fijando una correcta legislación, acompañados de un menor impacto ambiental y de la necesaria protección de la biodiversidad local, pueden llegar a convertirse en parte fundamental del desarrollo económico y social de nuestra provincia y, más concretamente, de nuestro mundo rural. Para ello podría ayudar establecer una regla de equidad en cuanto al transporte de la energía, reduciendo su precio allí donde no es necesario, donde se produce, o que los gastos se le atribuyan en mayor medida a los consumidores que lo precisan, a lo que debería sumarse un justo destino del canon energético.
