Las plazas de oposición convocadas para este sábado son, indica el sindicato CSIF, insuficientes para cumplir con el objetivo de reducir al ocho por ciento la tasa de interinidad en la educación pública. Actualmente existe un importante déficit de plantilla que, aseguran las mismas fuentes, no se solucionará cuando se adjudiquen las plazas que ahora están en liza. En Zamora se examinan los aspirantes de Inglés y Educación Física, un total de 2.500 personas con 59 plazas para la primera especialidad y 47 para la segunda. En Castilla y León se presentan 26.000 personas para 1.693 plazas, distribuidas en un total de 34 especialidades.
La situación afecta a Zamora y a Castilla y León pero, en realidad, es extensible a todo el país. De hecho, hoy también celebran pruebas de acceso a la función pública Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia o Extremadura, y los exámenes ya han comenzado en Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana. El número de plazas de las oposiciones a todos los cuerpos son 20.024 plazas, de las cuales 14.160 son del cuerpo de maestros, 5.337 son de Secundaria y el resto de otros cuerpos docentes.
El sindicato asegura que serían necesarias, a mayores de las convocadas, 35.000 plazas para reducir la temporalidad y 43.000 más para paliar «el déficit acumulado desde 2010» y cumplir con el objetivo de reducir la interinidad al ocho por ciento. «CSIF exige al Ministerio de Educación que asuma su responsabilidad para liderar las reformas estructurales que mejoren la profesión docente y aumenten la calidad de nuestro sistema educativo en lo que queda de legislatura. Si el departamento que dirige Pilar Alegría no reacciona, las protestas continuarán al inicio del próximo curso, sin descartar una convocatoria de huelga en toda España».
El sindicato, además, lamenta «que las administraciones educativas miren hacia otro lado y utilicen sus competencias autonómicas y nacionales para eludir su responsabilidad. Consideramos que el Ministerio de Educación tiene la competencia constitucional de legislar sobre estos cambios estructurales que garanticen la igualdad en el derecho a la educación», añaden.
