Han pasado 19 meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de las empresas para Soria, Teruel y Cuenca. Aquel día de octubre de 2022, una ola de indignación recorrió la provincia de Zamora, cuyos dirigentes y vecinos entendían que los datos demográficos de este territorio avalaban con creces su inclusión en cualquier nueva medida que se implementara para frenar la despoblación. El Ejecutivo se amparó entonces en el criterio aplicado en Europa y aseguró que solamente cabían dentro de esta línea de apoyo las provincias con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
La explicación no convenció demasiado a los dirigentes zamoranos de la Diputación o de las organizaciones empresariales, que convocaron una manifestación para ese mismo mes de noviembre por el centro de la capital para exigir que los negocios del territorio contaran con esa misma fiscalidad diferenciada que prometía dar un impulso a los proyectos de Soria, Teruel y Cuenca.
Aquella movilización fue el gran grito de descontento. Luego vinieron varias cartas, muchas declaraciones de distintos responsables políticos y empresariales y varias exigencias que se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Más de año y medio después, el suflé de la indignación ha ido bajando en Zamora y aquel enfado inicial se ha enfriado notablemente. Hay una sensación de aceptación de la derrota, más allá de reclamaciones como la realizada hace un par de meses por la Junta, que no tiene visos de prosperar demasiado.
En paralelo a esta realidad, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, que engloba precisamente a las tres provincias que sí cuentan con esas ayudas al funcionamiento, ha emitido un nuevo informe acerca del impacto que está teniendo la medida sobre el territorio. El grupo de trabajo ha elaborado el documento en base a las consultas realizadas a las empresas que gozan de esta ventaja, que en la práctica permite reducir los costes de los negocios, y ha constatado que esa fiscalidad diferenciada «no tiene efectos destacables».
El informe sí subraya un punto clave para que Zamora perciba su inclusión como una necesidad, y es que «la mera existencia» de las ayudas es importante. La provincia, que sigue muy asentada como la que más rápido se vacía de toda España, ganaría terreno si al menos se ve incluida entre el grupo de territorios que más estímulos reciben para impulsar una reacción demográfica. De momento, ni eso.
Pero, de vuelta al informe, lo que señalan básicamente los empresarios de Soria, Teruel y Cuenca es que las ayudas al funcionamiento resultan de «una insignificancia objetiva» y que, por tanto, «hasta ahora se ha desaprovechado la oportunidad de crear una palanca de acción contra la despoblación por una de las vías más importantes: el canal empresarial del empleo y la actividad económica».
«No podemos afirmar que ni siquiera una pequeña parte de la creación de empleo producida después de la implantación de las ayudas se deba a esa medida», aseguran desde la Red, al tiempo que subrayan que no hay influencia «en relación con el objetivo buscado, que es la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en zonas despobladas para mejorar su supervivencia en el territorio y fomentar la captación de recursos humanos adicionales en forma de nuevos pobladores».
Más ambición
En este punto, lo que demandan desde Soria, Teruel y Cuenca es que las ayudas al funcionamiento cambien para alcanzar el nivel de ambición que permite el marco comunitario. Es decir, un primer escenario de exención del 100% de las cuotas empresariales por contingencias comunes, en lugar del 20% actual, y un segundo marco de bonificación del 20% de los costes laborales brutos, frente al 5% de estos momentos.
El estudio habla de la creación de miles de empleos en base a esas modificaciones, pero lo cierto es que, ahora mismo, no parece que los cambios vayan a llegar a corto plazo. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, visitó Soria la semana pasada y abogó por «seguir evaluando» los efectos de las ayudas sobre el territorio. Es decir, no se comprometió con los empresarios a impulsar una mayor ambición en la fiscalidad diferenciada, aunque tampoco lo descartó. De momento, todo igual.
También el Partido Popular, más allá de las reclamaciones institucionales de la Junta, presentó recientemente una moción en el Senado para exigir esa mejoría en las ayudas al funcionamiento, aunque se ciñó en concreto a estos tres territorios que de momento las disfrutan. Para Zamora, la batalla va en paralelo en España y en Europa, con la necesidad de adaptar los criterios a la realidad demográfica de provincias como esta.
En ese sentido, el cambio de etapa que se abrirá en Bruselas tras la celebración de las elecciones del 9 de junio, sea cual sea el resultado, abre un escenario distinto para que la provincia pueda hacer fuerza y aspirar a la modificación de los criterios a través de los representantes españoles en las instituciones europeas. Ese logro ya permitiría, al menos, que Zamora obtuviese un estatus similar a los de Soria, Teruel y Cuenca como uno de los territorios más afectados por la despoblación. A partir de ahí, sus dirigentes tendrían que batallar por lo demás.
