La tasa de dependencia de la población mayor, entendida como la ratio entre las personas en edad de jubilación y las que se encuentran en la franja legal para trabajar, de los 16 a los 65, se sitúa en el 30,91% a nivel nacional en estos momentos y crecerá hasta el 53,8% en los próximos treinta años, según la proyección publicada la semana pasada por el Banco de España en su informe anual. El documento alerta de que el aumento situará al Estado ocho puntos por encima de la media europea cuando eso suceda, en 2053.
Pues bien, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de dependencia de las personas mayores en Zamora alcanza ya, al cierre de 2023, el 54,73%, solo por detrás de Ourense, 24 puntos por encima de la media nacional y por delante de lo que el Banco de España estima para el resto del país cuando pasen tres decenios. Es decir, la provincia se ha anticipado treinta años al envejecimiento que la entidad central espera para el conjunto del territorio nacional mediado el siglo XXI, un proceso que «será más acusado» que el de otros lugares de la Unión Europea.
En el citado informe, el Banco de España aduce que, «si bien los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, no parece probable que estos puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo en el futuro».
El asunto de las pensiones
En ese sentido, desde la perspectiva de las cuentas públicas, esta evolución demográfica «generará un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas», según el Banco de España, que considera que dicho gasto escalará, en un escenario central, desde un 13,6% del PIB en 2021 hasta el 16,2% en 2050, mientras que el Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea sitúa esta última cifra en el 17,3% en su escenario base.
En este contexto, conviene recordar que entre 2021 y 2023 se llevó a cabo una nueva reforma del sistema de pensiones, que incluyó, entre otras medidas, el establecimiento por ley de la revalorización de las pensiones con el IPC, la supresión del factor de sostenibilidad, el aumento de los incentivos a prorrogar la edad de jubilación y un incremento de los recursos de la Seguridad Social, a través de un aumento de las cotizaciones a cargo de las empresas y de los trabajadores, que se convierte en la vía de ajuste por defecto si se producen desequilibrios financieros en el sistema.
Para el Banco de España, «el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos, si bien está sujeto a una considerable incertidumbre, apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos». A este respecto, en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la nueva reforma.
En todo caso, las estimaciones del Banco de España sugieren que, en el caso de ser necesaria su activación, realizar el ajuste correspondiente exclusivamente mediante un incremento de las cotizaciones sociales «podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española». «De cara al futuro, sería deseable analizar en profundidad el efecto de los distintos cambios normativos introducidos», insiste la entidad.
Los incentivos
En relación con los incentivos a posponer la edad de jubilación, este informe incluye un análisis según el cual esta bonificación, en una primera aproximación, «tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones». Para el Banco de España, también convendría estudiar los efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas derivados del incremento de las cotizaciones sociales, así como sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.
A la espera de ver cómo evolucionan todas esas circunstancias, lo cierto es que Zamora parece un buen escenario para estudiar lo que puede ocurrir en el futuro si se mantiene el marco actual y la población general envejece hasta el punto de alcanzar una media de edad cercana a los 52 años, como la que maneja la provincia. En este territorio, actualmente, un 32% de las personas superan los 65 años y un 12,2% pasan de los 80.
