«Las empresas en las zonas despobladas se enfrentan a retos que las hacen estar en una situación desigual frente a las empresas de los territorios desarrollados. La falta de infraestructuras que les permita transportar sus productos con eficiencia y eficacia, la falta de mano de obra para la contratación, o la carencia de demanda de sus productos en los núcleos cercanos de población son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan». Este análisis aparece en el informe publicado recientemente por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que evalúa la situación y que sitúa a la fiscalidad diferenciada que demanda Zamora como uno de los elementos correctores que se pueden aplicar desde las instituciones.
De hecho, el informe aborda el caso de Noruega, que si bien no es de la Unión Europea sí forma parte del Espacio Económico Europeo. «El país nórdico fue el pionero en la implantación de deducciones en los costes sociales (cuotas de Seguridad Social) a empresas en zonas despobladas dentro del marco permitido por la UE. Desde 1975 ha puesto en marcha estas ayudas, que han demostrado ser efectivas según varios estudios académicos. En 2002, Suecia también lo hizo y obtuvo similares resultados sobre la creación de empleo y subida de salarios en estas zonas», aclaran los expertos que han elaborado el informe del centro, que mencionan también las experiencias positivas de Estados Unidos o Australia.
Básicamente, las deducciones consisten en reducir la contribución que hacen las empresas a la Seguridad Social por cada trabajador que tienen contratado. En el caso noruego, el país cuenta con varias zonas en las que, en función de las cifras demográficas, se establece una contribución mayor o menor. «En la capital, la zona con menos problemas demográficos, la contribución es la más alta del país con un 14,1%. Es decir, la empresa paga a la Seguridad Social una cantidad igual al 14.1% del salario que le paga al trabajador. Sin embargo, en las zonas más despobladas del país, esta contribución no existe (es del 0%)», añade el informe, en un capítulo firmado por Francisco Velasco Caballero.
Por tanto, una empresa que decide instalarse en una zona despoblada en vez de en la capital o sus alrededores, en Noruega, paga al Estado un 14.1% menos por sus trabajadores. «De esta manera, se han conseguido más contrataciones y unos salarios más altos». Los resultados obtenidos muestran que «no solo se genera empleo que asienta población y como consecuencia evita la despoblación, sino que también los salarios se incrementan y por tanto son una herramienta eficaz para paliar el problema de falta de mano de obra cualificada en algunos sectores en estos lugares», recalca el citado experto.
Bajo el punto de vista de Velasco Caballero, «un mayor salario, en zonas con un menor coste de vida, puede actuar como compensación sustitutiva por aquellos servicios que en esas zonas los trabajadores no van a disfrutar (principalmente unos servicios de ocio y cultura menores, y una accesibilidad más difícil para servicios básicos como la sanidad y la educación)».
La trampa que sufren Soria, Teruel y Cuenca
Aquí, según refleja también el estudio, el problema de este tipo de políticas puede venir por lo que se conoce como «trampa de la deducción insuficiente». «Si las ayudas se aplican con unos porcentajes bajos, sin suponer un cambio sustancial en los costes a los que hacen frente las empresas por la contratación, no afecta a las decisiones de nueva creación o cambio de sede de las empresas. Es decir, hay un cierto umbral de ayudas que, si se supera, las deducciones comienzan a ser efectivas en la generación de más puestos de trabajo y la subida de los salarios».
«Por debajo de este umbral, las empresas que ya están en el territorio o las que se hubieran creado también sin estas deducciones, se benefician de mejores condiciones pero sin modificar sustancialmente su comportamiento a la hora de contratar más»; según el análisis del experto, que opina que «este podría ser el caso de las ayudas de este tipo recientemente aprobadas en España para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, cuyos porcentajes son bajos en comparación con los aplicados en los casos existentes que han tenido resultados significativamente positivos».
