La Junta de Castilla y León destina 636.780 euros de la Gerencia Regional de Salud a contratar, en la sanidad privada, operaciones de Oftalmología y Traumatología para aligerar la lista de espera de estas dos especialidades en la provincia de Zamora. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Las operaciones se llevarán a cabo durante los siguientes ocho meses, según las misma fuentes.
Por lo que refiere a Oftalmología, se destina 328.500 euros a un total de 450 procesos quirúrgicos de escasa complicación. La media indica que cada operación externalizada le sale a la Gerencia por 730 euros. En Traumatología la cosa cambia y se destinan 308.280 euros a 75 operaciones, lo que eleva la media a 4110,4 euros por intervención quirúrgica en la sanidad privada.
«La contratación viene motivada por la necesidad de reducir los tiempos de espera de los pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, que requieren ser intervenidos de oftalmología y traumatología», indica la delegada de la Junta, Leticia García. Según los datos oficiales, en Oftalmología la demora media para ser operado en Zamora asciende a 39 días y hay 99 personas en lista de espera (datos a 31 de diciembre del ejercicio pasado). En Trauma la situación es peor, con un tiempo de espera medio de 78 días para ser intervenido y 322 zamoranos en espera.
Esta es la primera de las dos inversiones sanitarias aprobadas hoy en el Consejo de Gobierno. Además, se ha dado el visto bueno a un desembolso de 508.200 euros que permitirá dotar a todas las unidades de hospitalización de bombas de perfusión intravenosa para la administración a los pacientes de medicamentos de fluidos a través de un mecanismo activo de propulsión. El uso de estos sistemas permite determinar una exactitud en la administración de medicamentos en el cuerpo de cada paciente ingresado.
Consejería de Familia
De otro lado, la Consejería de Familia ha aprobado la financiación de 16 puntos de encuentro familiar en Zamora, lugares específicos y neutrales donde acuden familias con los padres separados o con problemas de otra índole y que suponen un espacio seguro para los menores y para garantizar el derecho a la relación del niño con la familia.
