Nos Movemos por Toro ha asegurado este martes que doce personas más se han adherido a la denuncia presentada hace meses por la agrupación ante las sospechas de que una funcionaria, que además es concejala del Ayuntamiento, cometió un delito electoral en las horas previas a los comicios municipales celebrados el 28 de mayo de 2023. En total, ya son 24 los ciudadanos que se han sumado a este proceso, según la formación encabezada por el exalcalde de la localidad, Tomás del Bien.
El asunto se encuentra en el juzgado desde el pasado mes de septiembre, cuando la Guardia Civil dio traslado de los hechos para que se investigara «un presunto delito de revelación de secretos, otro de coacciones y un posible delito electoral, por la descarga y la posterior divulgación de los datos personales de ciudadanos que avalaron la constitución de la agrupación de electores Nos Movemos por Toro».
Los hechos se remontan al pasado 27 de mayo, un día antes de la celebración de las elecciones municipales, cuando el propietario de un comercio comunicó a responsables de Nos Movemos por Toro que en la puerta de su negocio «habían dejado» una bolsa repleta de folios, en la que también se podía leer la palabra «mafiosos».
En concreto, los documentos que contenía la bolsa se correspondían con todos los avales que Nos Movemos por Toro presentó para crear la agrupación de electores y poder concurrir a los comicios municipales. Ante estos hechos, responsables de Nos Movemos por Toro se desplazaron hasta el puesto de la Guardia Civil para presentar una denuncia.
Esa misma mañana, la Policía Judicial de la Guardia Civil puso en marcha una investigación sobre los hechos denunciados que, para Nos Movemos por Toro, «son gravísimos». En el marco de la investigación, la Policía Judicial precintó e se incautó de un ordenador del Ayuntamiento desde el que, presuntamente, se descargaron los avales. Además, se llevó a cabo una «auditoría informática» del servicio administrativo municipal porque «en la nube y en la red queda huella de todo».
La agrupación de electores trasladó sus sospechas a la Policía Judicial, ya que la relación de avales fue obtenida a través de los servidores del Ayuntamiento. Por este motivo, la investigación tratará de esclarecer si un trabajador o trabajadora del Ayuntamiento, «sin ningún tipo de autorización», accedió a la documentación desde un ordenador del Ayuntamiento y, posteriormente, la descargó. En este punto, Nos Movemos por Toro subrayó que esa documentación fue descargada «sin autorización», pues solo la Junta Electoral de zona y la secretaria municipal, que debe certificar la autenticidad de las firmas, están legítimamente autorizados a acceder a los datos. Las sospechas se centran en una persona en concreto.
Las firmas y los DNI
La bolsa hallada en el bar contenía los 17 folios de las firmas de los avalistas, así como todos sus DNI fotocopiados en blanco y negro, por lo que fueron «revelados» todos los datos personales de las personas que respaldaron la constitución de la agrupación de electores. No obstante, Nos Movemos por Toro tiene constancia de que los avales también fueron «exhibidos» a vecinos particulares que trasladaron a sus integrantes su preocupación por saber qué había sucedido con la custodia de su firma.
Ante este panorama, Nos Movemos por Toro confía en que se agilicen las diligencias y la investigación de unos hechos que considera «muy graves». En este sentido, el grupo político apuntó que el autor o autores de la descarga de la documentación y posterior divulgación han podido incurrir en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, al vulnerar la intimidad de las personas que firmaron los avales a través de un «apoderamiento o interceptación» de documentos sin su consentimiento.
Del mismo modo, la agrupación de electores, considera que los responsables de los hechos también deben responder ante la autoridad judicial por un presunto delito de coacciones, al haber utilizado la lista de unos avales que «son confidenciales para presionar a comercios y a ciudadanos particulares, coacciones que, al menos parcialmente pudieron alterar el resultado de las elecciones municipales».
