El alcalde de Moraleja de Sayago, Ángel Villamor, confirma que el Ayuntamiento de la localidad exigirá daños y perjuicios al PSOE, y a su candidato en las pasadas elecciones en el pueblo, Samuel Mayor, por la denuncia sobre presuntas irregularidades en el voto por correo en la localidad durante las municipales del pasado mes de mayo. Una denuncia que ahora el Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora ha decidido archivar al considerar que no hay indicios de delito en lo que sucedió en Moraleja de Sayago. «La sentencia es muy dura y muy contundente», afirma Villamor en declaraciones a este periódico.
El Ayuntamiento intentará ahora «resarcir el honor» de la Fundación La Paz (gestora de la residencia). «Los abuelos lo pasaron muy mal, con la presencia de la Guardia Civil. Se interrogó a todos, se revisaron las cámaras y se vio que no había fundamento, pero el daño está hecho», asegura. En este sentido, Villamor apunta que «he echado en falta más implicación por parte de los diputados socialistas de zona», que «sabían que aquí no pasó nada raro».
«En este proceso se han traspasado todos los límites», apostilla el alcalde. «Llevo muchos años en política y sé lo que es esto, pero el PSOE ha jugado sucio y sin escrúpulos, demostrando que hacer daño en esta vida es muy fácil», añade.
«No guardo rencor, espero que el PSOE pida disculpas y esté a la altura de una batalla política digna, ya que no se puede manipular así a cualquier persona del pueblo a cualquier precio». El PSOE, recuerda Villamor, «deberá pagar las costas por los gastos innecesarios y trastornos que se han ocasionado a la administración de Justicia y a determinados trabajadores de la residencia».
El caso levantó en su día mucho ruido, al ser la residencia en la que los votos estaban en cuestión de titularidad municipal y al ser la hija del alcalde la gestora del centro. La sentencia, que ha sido adelantada por Radio Zamora, concluye que el cartero se limitó a hacer su trabajo, entregando y recogiendo el voto, y que los mayores que emitieron su sufragio no estaban impedidos para hacerlo. No era responsabilidad de los trabajadores del centro, ni de su directora, dictaminar qué residentes estaban en condiciones para votar y cuáles no, lo que hace que la cuestión carezca de relevancia penal.
La denuncia nació del candidato del PSOE a la Alcaldía, Samuel Mayor, y provocó la intervención de los agentes para comenzar una investigación en la que han tenido que declarar el cartero, la directora de la residencia, una trabajadora y el propio alcalde. Mayor, consultado por este periódico, no ha hecho de momento declaraciones al respecto del archivo de la causa.
