Las adjudicaciones de fondos y las posibles irregularidades en el proyecto de biorrefinería de Barcial del Barco han llegado a la Comisión Europea de la mano de una pregunta realizada por el eurodiputado Manuel Pineda, que recuerda que las autoridades competentes investigan la concesión de subvenciones por 500 millones de euros «que se podrían haber concedido al proyecto de Barcial del Barco y La Robla».
La cuestión es la misma que la que trajo al juzgado de Zamora a Francisco Igea y a Francisco Requejo, exvicepresidente de la Junta y expresidente de la Diputación de Zamora, respectivamente. El juzgado investiga la concesión de subvenciones con cargo a fondos de la Unión Europea gestionadas por el Ministerio de Transición Ecológica a empresas que habrían desarrollado la patente industrial propiedad de Vicente Merino, promotor de la biorrefinería y denunciante.
Las acusaciones de Vicente Merino y de sus socios y abogados van encaminadas a la «solicitud», dicen, de una subvención con cargo a fondos europeos «para un modelo industrial de mi propiedad», el proyecto de biorrefinería, «o del mismo sector y en fraude». Así figura en el escrito presentado ante la Fiscalía Europea en octubre del año pasado. El importe de la subvención, dice Merino, podría llegar a los 500 millones de euros.
El eurodiputado Manuel Pineda pide ahora a la Comisión que ahonde en el tema con varias preguntas concretas sobre el asunto. El representante de Izquierda Unida quiere saber qué medidas cautelares ha tomado la comisión teniendo en cuenta las acusaciones de fraude que hay sobre la mesa, cuántos millones fueron adjudicados al proyecto de Barcial y quienes fueron sus beneficiarios y si la comisión sabe que estos fondos están siendo derivados a otros proyectos en el municipio de La Robla».
Un proceso judicial que apunta alto
La instrucción judicial comenzó con la llamada a testificar de Francisco Requejo y Francisco Igea, el pasado mes de diciembre. Tanto uno como otro aseguraron que los expedientes se tramitaron «como corresponde» a este tipo de cuestiones y defendieron el buen hacer de las instituciones que entonces representaban.
La acusación no se ha quedado ahí y ha pedido la declaración de la ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera. De hecho, según asegura el periódico The Objective, el juzgado número 6 de Zamora ha dictado un oficio en el que recuerda al Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, que tiene que remitir al Juzgado los expedientes relacionados con programas de Reto Demográfico y Despoblación de 2020, así como el despliegue de renovables en 2021 y concesión de ayudas a Acciona o proyectos vinculados con biorrefinerías. Se trata de un oficio «con apercibimiento de desobediencia».
La ministra, de momento, no ha colaborado con los juzgados de Zamora en una investigación en la que también trabaja la Oficina Antifraude, que pide conocer las subvenciones que se han concedido a este proyecto y en qué condiciones.
