Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Villaralbo han presentado un requerimiento ante la Subdelegación del Gobierno para solicitar que se anule la prohibición de grabar y difundir los plenos municipales. Esta queja parte de la decisión aprobada de forma unilateral por el equipo de Gobierno del PP, que «impide que cualquier vecino o medio de comunicación» pueda tomar imágenes de las sesiones.
La queja se ha elevado a propuesta de Izquierda Unida, pero con el apoyo de los concejales del PSOE y de Futuro. Todos están en desacuerdo con la decisión tomada en octubre por el PP, que «revierte en la práctica el acuerdo previo tomado en febrero de 2022, que obligaba a la grabación y difusión de las sesiones plenarias, y que nunca fue aplicado a pesar del requerimiento del Procurador del Común».
La oposición municipal ha indicado, al hilo de este asunto, que el Defensor del Pueblo autonómico instó al Ayuntamiento a aplicar este acuerdo a través de una resolución emitida en agosto del año pasado.
«La prohibición aprobada por el PP en octubre hace caso omiso a la resolución del Procurador del Común, recuerda el carácter no obligatorio de sus resoluciones y socava así la credibilidad y la funcionalidad de la institución regional que vela por los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las administraciones», han opinado desde los citados grupos políticos.
La base administrativa
Ahora, el requerimiento de IU, PSOE y Futuro «se hace eco de la numerosa base administrativa que permite la grabación y difusión de las sesiones plenarias como garantía de transparencia y de acceso de la ciudadanía a la información pública, al tiempo que da cuenta de la cuantiosa jurisprudencia que, de hecho, impide la prohibición del ejercicio de este derecho».
Por todo ello, la oposición reclama «la nulidad de este acuerdo por contravenir las disposiciones legales y por cercenar los derechos básicos de la ciudadanía».
