Los ataques de lobos al ganado en la provincia de Zamora han aumentado al menos un treinta por ciento desde la inclusión del animal en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). En Zamora, según los datos de la organizaciones agrarias cerrados en el primer semestre del año pasado (aún tienen que hacer el cómputo global del ejercicio 2023) se produjeron 177 ataques entre enero y junio. Noventa de ellos fueron a explotaciones de ovejas y, el resto, a negocios destinados al vacuno. Una tendencia alcista como la que se vive en la comunidad, donde en el mismo periodo se produjeron 1.717 ataques de lobos frente a los alrededor de 1.300 del año 2021, antes de que la caza del lobo estuviera prohibida.
Con este telón de fondo el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión con las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, la alianza UPA-COAG y UCCL, en la que se ha acordado la remisión de una carta conjunta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, «instándole a derogar la normativa por la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y a impulsar la modificación del estatus de protección en los términos definidos en diciembre por la Comisión Europea».
El Parlamento Europeo, cabe recordar, se pronunció en el año 2022 «proclamando su preocupación por los daños que los grandes carnívoros (lobo y oso) estaban causando a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos e incluso a las personas», e instó a la Comisión Europea a que adoptara medidas al respecto. «La propia presidenta Ursula Von der Leyen, a continuación, puso de manifiesto en un comunicado que efectivamente había una preocupación en Europa y que había que trabajar en ello, y dio instrucciones a los servicios de la Comisión Europea para que estudiasen qué hacer», argumenta la Junta.
La carta
En la carta conjunta, que en las próximas horas remitirán la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, estas entidades solicitan “la inmediata derogación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre y la recuperación de la gestión de la especie al norte del rio Duero que regía hasta la misma”.
Se trata de una orden que, además, «impide de facto la aplicación de medidas de gestión de la especie que, de forma extraordinaria, se venían pudiendo acometer al sur del Duero en el que ya regía un régimen de estricta protección por decisión de la Directiva Hábitats».
En segundo lugar, se solicita al Gobierno de España “que avance e impulse en el marco de la Unión Europea y de su representación en el Convenio de Berna, la modificación del estatus de protección del lobo previsto en la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, incorporando todas sus poblaciones de forma efectiva en el anexo V, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, de modo que no sólo recuperemos ya la gestión del lobo al norte del Duero sino que se extienda desde ese momento la capacidad de gestión al sur del Duero», algo que siempre se ha defendido por la Junta y por el sector ganadero.
