En la presentación de las futuras obras que ejecutará la Diputación en la llamada carretera de los infiernos, la vía que conecta Zamora capital con Almaraz de Duero, el alcalde de este municipio, José Martín, puso sobre la mesa otra necesidad acuciante para sus vecinos: «Tenemos siete kilómetros de camino asfaltado entre el pueblo y la N-122 que están muy deteriorados. El Ayuntamiento no tiene capacidad para mantenerlos», deslizó el regidor, en un claro SOS en directo dirigido a la persona que tenía al lado: el presidente provincial, Javier Faúndez.
El dirigente alistano escuchó con educación al alcalde, pero fue contundente en su respuesta: «Si entrásemos y asumiéramos los más de 1.000 caminos de la provincia como madre redentora, tendríamos que destinar a ello el presupuesto de la Diputación de cuatro o cinco años», replicó Faúndez, que en la entrevista concedida a Enfoque unas semanas después se mostró incluso más claro: «Nosotros tenemos una red de carreteras de 1.600 kilómetros en la que estamos trabajando, y esa es la red que va a quedar en orden, independientemente de que puedan surgir trabajos de mejora. En los caminos, probablemente son otras administraciones las que se tienen que implicar», apuntó.
El presidente provincial quiso apostillar que su presupuesto para 2024 «va a ser de 87 millones, no de 800», en un claro desmarque de un problema que realmente no es de su competencia. Los caminos pertenecen a los ayuntamientos, que en su día recibieron la ayuda de la propia institución o ejecutaron con medios propios un asfaltado para favorecer el tránsito de vehículos, generalmente para introducir un atajo o una conexión favorable en alguna ruta habitual de sus habitantes.
Caminos con asfalto que son intransitables
El caso es que ahora algunos de esos caminos con forma de carretera se han vuelto intransitables. El de Almaraz en particular resiste a duras penas, con bastantes baches, maleza en los laterales, unos cambios de rasante que invitan a la precaución y el impacto negativo del paso de vehículos pesados que abastecen al pueblo. Ninguno va a ir por la carretera de los infiernos si tiene esta alternativa, y menos si su ruta pasa por la N-122. La vuelta implicaría unos 30 kilómetros extra.
Con este panorama, y con el Ayuntamiento de Almaraz consciente del coste que supondría actuar en solitario, su alcalde admite que buscará alguna alternativa en la Junta o el Estado, aunque ve el panorama «complicado». «Intentaremos mantenerlo de alguna manera porque el tráfico pesado viene por ahí y nunca va a pasar por el otro lado», argumenta Martín, que ha recabado quejas entre la propia gente del pueblo.
Para los vecinos, también resulta problemático tener que enfrentarse a este camino asfaltado lleno de baches para salir a la N-122 si van hacia la zona oeste o si se dirigen al norte. Lo hacen porque, a la espera de la obra, los infiernos dan aún menos confianza y porque, como para los camiones, dar ese rodeo resultaría muy lesivo para ellos en tiempo y en gasolina: «Es una cuestión de lógica», indica el alcalde.
El caso de Cerecinos de Campos
A un buen puñado de kilómetros de allí, en otro punto de la provincia, el alcalde de Cerecinos de Campos, Jesús Deza, admite la existencia de «mucha problemática» con el camino asfaltado que va de su localidad a Tapioles, la vía más rápida para conectar con la carretera que une Zamora capital y Villalpando: «Eso lo asfaltó la Diputación hace 44 años, cuando se hizo la concentración parcelaria», recuerda el regidor.
La institución provincial lo asfaltó, pero el camino siguió en manos municipales: «Son cinco kilómetros que antes bacheaba la Diputación, pero no le pertenecen», aclara Deza, que es consciente de que «ningún ayuntamiento puede financiar lo que cuesta una capa de aglomerado». La iniciativa para hacerlo funcionar y evitar «los socavones donde cabe una persona» es sacar la piedra y arar; volver a convertirlo en un camino de concentración al uso. Pero eso también sería caro.
Tampoco es una opción viable el abandono: «Como todos los caminos de estos, tiene fincas colindantes a las que los dueños tienen que poder acceder, más allá de servir para ir a Tapioles». De hecho, para Deza, el menor de los problemas es que los vecinos tuvieran que hacer «diez kilómetros más» para conectar con la vía hacia Villalpando. Lo grave es el tránsito para llegar a las parcelas: «Es el caballo de batalla de siempre y tiene muy mala solución», apunta el mandatario local.
Su ayuntamiento se ha gastado ya 100.000 euros en hacer algunos arreglos, ha introducido las obras en los planes provinciales y ha maquillado un poco la situación, pero «se meten camiones y en tres viajes que hagan ya te desguazan el camino», lamenta el alcalde, que ha consultado cuánto costaría una obra de estas características: «Unos dos millones o dos millones y medio de euros». El municipio tendrá un presupuesto total de 200.000 euros en 2024.
La posición del Consejo de Alcaldes
Desde el Consejo de Alcaldes, su presidenta, Ainhoa Aranguren, explica que hay algunas subvenciones a través de las comunidades, pero admite que las cantidades son pequeñas: «Una posibilidad es invertir cada año un poquito», apunta la alcaldesa de Villarrín, que exculpa a la Diputación: «No se puede abarcar todo y somos muchos pueblos con muchas necesidades».
Sin embargo, lo cierto es que el problema en Almaraz o en Cerecinos de Campos está ahí y quien tiene la responsabilidad, que son los ayuntamientos, carece de dinero para resolverlo.
