El IPC subió un tres por ciento el año pasado. Un dato que, aislado, refleja una realidad económica que tiene poco que ver con la que tiene Zamora y el conjunto del país. El 3,1% con el que, según el INE, se cierra el ejercicio 2023 esconde, en la letra pequeña, un brutal encarecimiento del coste de la vida en los últimos meses, una situación que corre el riesgo de dejar descolgadas a un buen número de personas.
Solo este año, la alimentación ha experimentado el mayor repunte de los que aparecen en los datos. Más de un ocho por ciento han subido los productos básicos del supermercado desde el pasado mes de enero, lo que ha hecho que haya familias que han tenido que dar el salto del fresco al ultracongelado.
Pero es que el dato cobra verdadera dimensión cuando se pone en contexto. Desde enero del año 2022 la cesta de la compra del supermercado se ha encarecido la friolera de un treinta por ciento, con verduras, carne, aceite, leche y azúcar como los productos más inflacionistas.
Imposible de asumir
Son datos imposibles de asumir por cualquier salario, sea público o privado, o por cualquier incremento de prestaciones públicas, por muy generoso que este sea. En los dos años en los que la cesta de la compra ha aumentado casi un treinta por ciento los salarios del sector privado lo han hecho, como término medio, poco más de un cinco por ciento. Pocas alegrías deja esta realidad a la hora de hacer la compra semanal en el supermercado.
Los funcionarios lo tienen algo mejor, con subidas de sueldo más generosas por parte de la administración pública. Al igual que los pensionistas, que han visto incrementados sus ingresos más de un diez por ciento en los dos últimos años, al estar de nuevo ligada la revalorización de las pensiones al IPC. Se trata, con todo, del IPC general, no del específico. Y obvia decir que a una familia no le afecta igual la subida del precio de los muebles que la de los productos frescos.
Pendientes del nuevo convenio
Los convenios colectivos pendientes de negociar para el año que viene afectan a unas 4.000 personas en la provincia de Zamora, según los datos que manejan desde el sindicato Comisiones Obreras. Se trata de los acuerdos de actividades agropecuarias, gases licuados del petróleo, madera, pastelerías, oficinas y despachos, metal comercio y metal industria. A estos hay que sumar, indican las mismas fuentes, los que quedan pendientes de este año. Panaderías, aún pendiente, afecta a 500 personas; pompas fúnebres, a unas sesenta y cines, a menos de diez personas.
El sindicato asegura que, en Zamora, las negociaciones con la patronal son “siempre complejas” porque las reticencias para subir los salarios son “fuertes”. Comisiones Obreras indica que en la próxima temporada de negociaciones esperamos “un compromiso” por parte de los empresarios para que los trabajadores “no pierdan poder adquisitivo”. En Zamora “no estamos para tirar cohetes”, dice el sindicato.