26 familias perdieron su vivienda en los tres primeros trimestres del año (entre los meses de enero y septiembre) como consecuencia del impago de la hipoteca o del alquiler. El tercer trimestre, entre los meses de julio y septiembre, fue el de más actividad en este sentido, con 13 familias que tuvieron que abandonar su vivienda por orden judicial. En el segundo trimestre esta situación sobrevino a 9 núcleos familiares mientras que en los tres primeros meses del año fueron cuatro las familias afectadas.
Los datos muestran que la situación de ahora tiene realmente poco que ver con la registrada hace unos años, cuando la vivienda y los desahucios llegaron a convertirse en un verdadero problema social derivado de la expansión inmobiliaria. En el año 2013, por ejemplo, se produjeron 211 lanzamientos en la provincia. La cifra ha ido bajando paulatinamente hasta los 46 registrados en 2020 (cuando la actividad judicial se paró en parte por causa de la pandemia) y los 47 casos de 2021. En 2022 la estadística repuntó hasta los 76 casos, cifra que este año no se alcanzará.
Alquileres
De hecho, que los efectos de la burbuja inmobiliaria ya no son tan nocivos para la población puede verse en que la mayoría de las personas que tienen que abandonar su vivienda por orden judicial vivían de alquiler. De los 26 casos registrados entre enero y septiembre en la provincia de Zamora, 22 fueron consecuencia de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El nivel del problema aquí sí es equiparable al registrado hace años. En 2021, por ejemplo, se produjeron 26 casos, cifra que este año se va a superar.
La problemática, referente al embargo hipotecario, prácticamente ha desaparecido del mapa zamorano. El año pasado se produjeron solamente once casos, este año serán cuatro y hace dos años fueron nueve. Nada que ver con los más de cien casos anuales de hace una década y con los más de sesenta que se registraban hace unos pocos años.
