El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defiende hoy en el juzgado de Instrucción número 6 de Zamora la neutralidad de la Junta de Castilla y León a la hora de tramitar los expedientes relacionados con la biorrefinería de Barcial del Barco. Igea, que ha acudido a la capital zamorana para testificar en la fase de Instrucción del caso como consecuencia de la demanda interpuesta por Vicente Merino, ha asegurado que “los expedientes se tramitaron de forma diligente” y ha negado conocer “cualquier interés oculto” en que el proyecto no saliera adelante.
Igea ha asegurado que mantuvo una reunión preliminar con Vicente Merino, en Valladolid, junto con representantes de Zamora 10, y que después mantuvo una comunicación ágil a través de llamadas y mensajes.
La fase de declaraciones ha contado también con la presencia de Francisco Requejo, expresidente de la Diputación de Zamora. Requejo defiende el buen hacer de la Diputación en todo el proceso y ha detallado que el proceso está abierto “contra la Junta de Castilla y León”. “Diremos lo que hemos hecho, que fue comprar los terrenos y participar en varias reuniones con la administración regional” para intentar impulsar el proyecto, ha asegurado en declaraciones ante los medios de comunicación.
El expresidente de la Diputación ha detallado que “nuestra única aportación fue comprar los terrenos” y ha descargado el peso del proceso en la Junta de Castilla y León, con quien se celebraron reuniones con Francisco Igea, ex vicepresidente, y con el exdirector general de Industria, Alberto Burgos. Ambos declararán en la jornada de hoy.
Por el juzgado ha pasado también Silverio Mayendía, uno de los administradores de la empresa EA Green Energy, promotora de la biorrefinería. Mayendía, que ha jugado un papel destacado en todo el proceso, ha declinado hacer declaraciones ante los medios de comunicación a la salida de la sala de vistas.
Lo que era el proyecto
El proyecto que se iba a poner en marcha en Barcial del Barco (la iniciativa aún vive, aunque sus posibilidades de éxito son ya mucho más diluidas), era una factoría para producir hidrógeno verde. El proyecto supondría una inversión de más de 160 millones de euros y se iban a crear, según los emprendedores, más de mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
La sociedad inversora considera que las presiones de altos cargos de la Junta de Castilla y León a empresas que habían manifestado su intención de instalarse en Barcial del Barco hicieron que las sociedades dieran marcha atrás y, finalmente, no invirtieran. Según detalló en su día Vicente Merino, el promotor, fuentes de esas empresas le habían detallado personalmente esas presiones.
