Ecologistas Zamora ha denunciado ante la Fiscalía la resolución del servicio de Medio Ambiente de la Junta por la que se dejaba sin efecto la suspensión de la caza en los montes afectados por los grandes incendios forestales de 2022 en la provincia. El colectivo entiende que ha podido producirse un caso de prevaricación administrativa y ha puesto el asunto en manos de la Justicia.
La asociación se acoge a la propia Ley de Montes de Castilla y León «en la que se dice expresamente que los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática» y que la consejería competente en materia de Montes «podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión solo cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre».
Un proceder «chapucero»
Para la asociación ecologista, el proceder de la administración «ha sido tan chapucero que no consta en la resolución, ni tan siquiera, una descripción de los incendios ni de los terrenos afectados». «No explica cuáles de ellos se han tenido en cuenta y cómo han sido evaluados ni tampoco una clasificación razonable por tipos de aprovechamiento, de lo que cabe deducir que no hubo ningún criterio técnico», afirman desde el colectivo.
Para Ecologistas Zamora, «se trató de autorizar de forma arbitraria el aprovechamiento cinegético en los terrenos quemados en los grandes incendios de la provincia de Zamora del terrible verano del año 2022, unos siniestros que afectaron a una superficie próxima a las 70.000 hectáreas, pues la suspensión no solo afectó a los terrenos de los dos grandes incendios de la Sierra de la Culebra, que suman casi 60.000 hectáreas, sino también a los que afectaron a los términos de Roelos de Sayago, Figueruela de Arriba, y de Hermisende y de Lubián».
Ecologistas Zamora aduce que los incendios forestales «son una catástrofe ambiental con efectos devastadores sobre la biodiversidad y que por tanto, y así está legislado, una vez han sucedido es prioritario proteger a las especies de flora y fauna silvestre». «La falta de motivación en la suspensión de esta protección en beneficio de la caza podría considerarse prevaricación», insisten.
«A sabiendas de su ilegalidad»
«La resolución no solo resulta administrativamente inaceptable, y por tanto debe considerarse nula de pleno derecho, sino que podría haber sido dictada a sabiendas y con conocimiento pleno de su ilegalidad», tal y como ha denunciado la asociación.
Desde Ecologistas Zamora remarcan que «hay una ausencia absoluta de cualquier informe técnico en el expediente, pues en él no constan informes de los agentes medioambientales que evalúen los daños producidos por el fuego de cara a valorar el posible levantamiento de la suspensión, lo cual implica que no hay datos objetivos ni criterios técnicos de ningún tipo que permitan formar un juicio y motivar la actuación».
A juicio de la asociación, el primer requisito que hubiera sido imprescindible es el análisis de los terrenos incendiados, «pero en noviembre de 2022, escasos tres meses después de los fuegos, era imposible evaluar la regeneración de los terrenos ni la situación poblacional de las diferentes especies cinegéticas y por tanto, mucho menos medir la interacción entre las poblaciones de corzo, ciervo y jabalí con el suelo regenerado».
La resolución «presupone que no hubo mortalidad extraordinaria en ninguna de las poblaciones ni en ninguna clase de edad de ungulados, pues se mantienen, con la suspensión, los cupos y las modalidades de caza preexistentes, y por lo tanto presupone que el hábitat no se vio afectado, a pesar de las decenas de miles de hectáreas quemadas». De hecho, según Ecologistas Zamora, para emitir un informe preciso en relación a cada área o coto afectado se necesitaría la revisión completa de su plan cinegético.
Posible delito contra la fauna
La asociación recuerda que «además del disparate administrativo que supone esta resolución, habría que valorar si la afección de la suspensión sobre las tres especies fundamentales de ungulados silvestres: corzo, ciervo y jabalí, podría también considerarse como un posible delito contra la fauna».
Ecologistas Zamora solicitó información sobre el informe que avaló la suspensión en favor de la caza, y no obtuvo respuesta. Además, puso en conocimiento de este hecho a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, tal y como figura en acta del 18 de enero de 2023.
