El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burganes de Valverde, compuesto por cuatro concejales de Ahora Decide, estudiará acciones legales contra sus predecesores ante la existencia de «posibles irregularidades» detectadas «en la revisión de la gestión anterior. Así lo ha confirmado este lunes el alcalde actual, Christopher Ferrero, tras el Pleno extraordinario celebrado con este asunto como único punto en el orden del día.
Ferrero ha explicado que su grupo había prometido «transparencia» a los vecinos y de ahí este escenario que se dibuja después de la revisión de determinados expedientes: «Puede haber más», ha advertido el alcalde, cuyo equipo contratará ahora a un abogado para analizar si ciertas acciones del grupo de gobierno anterior, liderado por la popular Atilana Martínez, que también es diputada provincial, son constitutivas de delito.
Ferrero ha citado durante el Pleno los casos concretos en los que han visto situaciones sospechosas:
«En la pavimentación de una calle, se firmó el fin de obra con el dato de que se habían echado 75 metros cúbicos de hormigón. Mandamos hacer una medición y detectaron que hay como mucho 33 metros cúbicos. Faltan más de 40 y no sabemos lo que habrá por detrás», ha explicado el alcalde en primer término.
El segundo caso mencionado por Ferrero es el siguiente: «Entre septiembre de 2019 y junio de 2023, una empresa de transportes facturó más de 49.000 euros al Ayuntamiento. Lo hizo sin dar detalles más allá de que se trataba de servicios varios. En negocio es de un familiar directo de la exalcaldesa», ha relatado el alcalde.
El tercer asunto se refiere a la obra de cerramiento de la pista del anejo de Olmillos de Valverde: «Según el contrato, debería haberse colocado ladrillo perforado, pero se utiliza un material más barato y más rápido de colocar. Además, después del fin de obra, el constructor manda una factura extra de 10.000 euros que no cuenta con la conformidad ni del director de obra ni del ingeniero», ha asegurado Ferrero.
El cuarto tema tiene que ver con una barandilla instalada en el chiringuito de Burganes: «En la factura viene por unos 3.700 euros. Hemos mandado que un taller presupueste lo que costaría ese tipo de valla con esos materiales y no llega a 1.000 euros. Ahí vemos otra irregularidad», ha zanjado Ferrero.
El equipo de Gobierno de Burganes ha aprobado la contratación del abogado con sus votos a favor y las abstenciones de los ediles del Partido Popular: «Esperaremos a que nos asesore para ver lo que tenemos que hacer», ha zanjado el alcalde.
