Quizá uno de los síntomas más preocupantes de esta época sea que protestar te convierte antes en sospechoso que en ciudadano. Se juzga a quien sale a la calle, se le pone una etiqueta, se le criminaliza y, después, si queda tiempo, se pregunta qué está reclamando. Hemos normalizado que nos miren con desconfianza a quienes levantamos la voz contra una injusticia, como si el problema fuera nuestra rabia y no aquello que la provoca. Resulta mucho más cómodo señalar al que se rebela que preguntarse quién se beneficia de que todo siga igual. Y mientras se entretienen juzgando a quienes plantamos cara, dejan de mirar hacia arriba, hacia quienes tienen el poder y los recursos para decidir cómo vivimos todos.
Lo estamos viendo estos días con la vivienda. Cientos de personas salen a la calle para reclamar algo tan básico como poder vivir dignamente, mientras comprar una casa queda fuera del alcance de cada vez más trabajadores y pagar un alquiler se convierte en una carrera para llegar a fin de mes. Y, aun así, hay quien prefiere indignarse con quienes protestan antes que con un modelo que ha convertido una necesidad básica en un negocio.
Y esto va mucho más allá de Maricarmen. Ella, una mujer de 87 años, ha sido la gota que ha colmado un vaso que llevaba demasiado tiempo llenándose. Porque desahucios, alquileres imposibles y dificultades para acceder a una vivienda no son nuevos. Llevamos años viendo cómo personas pierden sus casas, cómo jóvenes retrasan indefinidamente su emancipación y cómo familias enteras destinan una parte insoportable de sus ingresos a poder tener un techo. Pero esta vez algo ha hecho clic. Quizá por su edad, quizá por su historia, quizá porque hemos visto de cerca algo que demasiadas veces se reduce a una cifra: lo que significa perder la casa en la que has pasado toda una vida. Sea por lo que sea, su caso ha hecho rebosar un malestar que llevaba demasiado tiempo al límite.
Y cuando ese malestar sale a la calle, aparecen las críticas. Cuando una realidad incomoda, no siempre se afronta: muchas veces se retuerce hasta convertir al que protesta en el problema. A Maricarmen se la llama «vieja rica» por meras suposiciones y el desahucio deja de importar; nuestras reivindicaciones se presentan como ataques, nuestra organización como amenaza y a quienes salen a defender derechos se les trata como enemigos. Y después llega el colmo: preguntarnos dónde estábamos cuando les interesa apropiarse de una lucha que no han sostenido nunca. Como si defender un derecho dependiera de quién lo reclama. Como si pudieran ponerse la misma pancarta cuando les conviene y, al mismo tiempo, despreciar a quienes llevan años detrás de ella. No les molesta la reivindicación: les molesta quién la está poniendo encima de la mesa. Y cuando no pueden discutir lo que se reclama, atacan a quien lo reclama.
Y ahí aparece una de las contradicciones más difíciles de explicar: trabajadores defendiendo a quienes acumulan riqueza y poder mientras miran con desprecio a quien está todavía más abajo. Preocupados por la ayuda que recibe quien tiene menos, pero mucho menos por la riqueza de quien tiene más. Dispuestos a justificar al empresario, al propietario o al que más tiene mientras encuentran mil razones para cuestionar al que apenas llega a fin de mes. Nos han convencido de que aspirar a estar arriba significa defender a quien ya está allí, aunque nunca lleguemos a ocupar su lugar.
Esa contradicción no se queda solo en una discusión sobre vivienda o ayudas. También explica cómo crecen determinados discursos fascistas: cuando el malestar deja de dirigirse contra las condiciones que lo producen y empieza a buscar un enemigo entre quienes tienen todavía menos. El migrante, la persona que recibe una ayuda, el pensionista, el joven, quien ocupa una vivienda, quien protesta. Siempre alguien más abajo. Mientras tanto, quienes tienen capacidad para decidir cómo se reparte la riqueza quedan fuera del foco.
El resultado es una sociedad acostumbrada a opinar sobre las consecuencias y cada vez menos dispuesta a discutir las causas. Todo termina reducido a comportamientos individuales, como si los problemas colectivos fueran la suma de decisiones personales y no el resultado de condiciones políticas, económicas y sociales concretas. La responsabilidad colectiva se diluye. La política acaba reducida a una sucesión de polémicas que rara vez transforman nada. Así es más fácil convivir con la injusticia: si todo parece un problema aislado, nunca tenemos que preguntarnos qué estructuras la producen, quién las sostiene o quién se beneficia. Nos quedamos atrapados en el mismo día de la marmota: cambian los nombres, las polémicas, las excusas. Nada cambia de verdad.
Y quizá por eso haya que mirar con atención lo que está ocurriendo estos días en Sol. Ahí está la famosa «generación de cristal»: esa a la que se acusa de muchas cosas y, entre ellas, de estar cada vez más cerca de la extrema derecha, como si toda una juventud estuviera lobotomizada y condenada a repetir lo que le ponen delante. Pero mientras algunos hablan de ella como una generación que todavía está por llegar, hay jóvenes ocupando la calle, organizándose y poniendo sobre la mesa aquello que les afecta. Recordándonos algo que parecía que habíamos olvidado: todavía podemos pasar de la indignación a la acción colectiva.
Pese a quienes intentan sembrar odio, otros sembramos organización. Y ya que parece estar tan de moda la nostalgia por tiempos pasados, no puedo hablar de lucha colectiva sin acordarme de Marcelino Camacho y de sus palabras: «Ni nos doblaron, ni nos doblamos, ni nos doblarán». Tal vez eso sea lo que estamos viendo hoy: que, pese a los intentos de señalar, minimizar, ridiculizar e increpar, levantamos la cabeza, ocupamos la calle y respondemos juntos. Porque señalar es gratis; plantarse cuesta mucho más.
Este es un texto de Ariadna Huerga
