A las siete y media de la tarde del último día de septiembre, la hora marcada para la charla, el salón de actos de la Alhóndiga ya estaba lleno para escuchar a Manuel García Domínguez. No hablamos de un personaje famoso, sino de un investigador que sabe de un tema que viene inquietando a Zamora en los últimos meses: los centros de datos. El experto predoctoral del CSIC y de la Universidad Carlos III de Madrid acudió a la ciudad para tratar de explicar, desde un punto de vista técnico, cuáles pueden ser los pros y los contras de contar con una instalación de las dimensiones que se contemplan en Monfarracinos. Cabe apuntar que la cita la organizaron Defendiendo lo Vacío y la plataforma de la Tierra del Pan, dos colectivos frontalmente contrarios al data center. Con esa premisa clara, el estudioso insistió en poner sobre la mesa lo bueno y lo malo de la iniciativa.
García arrancó constatando un hecho: «Esta es una industria extremadamente novedosa» que se está desarrollando en los últimos años y que, básicamente, consiste en crear instalaciones para almacenar y procesar información en red. «Como un ordenador muy grande», resumió el investigador, que apuntó que existen 11.000 centros de datos en el mundo, más de 100 en España y varios proyectados ahora en el entorno de Castilla y León. Sin ir más lejos, en verano, «con una cierta agostidad», se lanzaron dos iniciativas: una en Torrelobatón, en la provincia de Valladolid, y la de Monfarracinos.
En el caso del centro de datos de Zamora, los promotores que hay detrás son FRV y Edison, dos firmas orientadas a las energías renovables. «Hay muchas compañías energéticas que se están metiendo en este sector», indicó García, que explicó que el capital social de FRV asciende a unos seis millones de euros cuando la inversión prevista para el data center de Monfarracinos supera los 4.000 millones. «Si no se termina por construir y las cosas cambian, la empresa puede decir que no es rentable seguir inyectando capital, lo que puede dar lugar a una quiebra incontrolada, a unos terrenos abandonados o a la presencia en la zona de un esqueleto de hormigón», enumeró el experto.
Además, también cabe la posibilidad, según García, de que los promotores iniciales funcionen como «cazadores de licencias». Es decir, que obtengan los permisos para ejecutar el centro de datos y luego lo vendan a un tercero. Eso, según el investigador, ya ha sucedido con algún caso en Extremadura. No en vano, el interés de las compañías por este tipo de industria es elevado. Y lo es a causa del desarrollo de la Inteligencia Artificial. «La construcción de los data center anticipa la demanda de IA, pero hablamos de un mercado volátil», advirtió el representante del CSIC, que recalcó que, en el caso particular de Monfarracinos, hablamos de un proyecto hiperescalar.
En esa línea, García apuntó que el centro de datos demandaría una potencia instalada de 300 megavatios y exigiría un consumo eléctrico que multiplicaría por 3,3 el de Zamora en estos momentos. Además, se alimentaría gracias a la instalación de un macroparque solar de casi mil hectáreas entre los términos de Aspariegos y Villalube, y de una central térmica dentro del propio recinto industrial. La previsión es que las placas sirvan para asumir el 70% de las necesidades del data center.
«Hablamos de un proyecto que no tiene precedentes en España, porque nadie ha construido una central térmica para poder alimentar un centro de datos», recalcó García, que incidió igualmente en el volumen de emisiones previsto. «Sería 308.000 toneladas de CO2 al año, aproximadamente el 10% de toda Castilla y León. No sé si nos lo podemos permitir», deslizó el investigador, que fue menos alarmista con el tema del consumo de agua. Serán 18 millones de litros al año, un volumen «bajo» comparado con el que demandan otras industrias.
Donde sí se detuvo más Manuel García fue en lo relacionado con el ruido y con la «isla de calor». En el primero de los casos, el investigador aseveró que el ruido aumentará un 50% en el término de Monfarracinos, mientras que, en lo tocante a las temperaturas, citó dos estudios al respeto: uno «más conservador» y otro más inquietante. En el primero, se habla de un incremento de 2,2 grados a una distancia de 500 metros de un centro de datos de este tamaño; en el segundo, de un repunte que iría de los dos a los nueve grados en un radio de diez kilómetros, lo que afectaría directamente a Zamora capital y a más municipios del entorno.
Los empleos y los impuestos
La otra cara de los centros de datos, según subrayó también García, hay que buscarla en el empleo. Durante la fase de construcción, que podría durar entre cuatro y cinco años, se podrían generar entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Ya en operación, el proyecto habla de una horquilla de entre 372 y 430 empleos. Aquí, el investigador advirtió errores en la documentación, con puestos duplicados y una estimación «sobredimensionada». Bajo su punto de vista, estaríamos hablando de 200 contrataciones para el periodo de funcionamiento de, al menos, 25 años de la planta. «Tampoco queda claro si son todos presenciales o habría algunos online», deslizó el experto.
Por poner un ejemplo, Manuel García tocó una empresa que pulsa la sensibilidad de la provincia, como es la planta de Renault en Valladolid. El investigador comentó que el consumo de recursos de la fábrica automovilística es muchísimo menor que el de un centro de datos y que el volumen de empleos multiplica por diez al del data center, con entre 2.200 y 2.300 trabajadores.
A partir de ahí, Manuel García habló de la contribución fiscal y cifró en aproximadamente 100.000 euros anuales el impacto para el Ayuntamiento de Monfarracinos. Estamos hablando del 16% de los ingresos por ejercicio que tiene ahora el municipio del alfoz. En otros impuestos a nivel regional y estatal, sí llegarían millones de euros a las arcas públicas, aunque el experto quiso incidir aquí en que la declaración de esta iniciativa como Proyecto Regional – «una patraña» – provoca que los promotores no vayan a tener que hacer frente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que en un plan de estas dimensiones podría haber supuesto un pago único de «30, 40 o 50 millones de euros».
Ya en su fase de conclusiones, García admitió que, si un ciudadano valora positivamente las tecnologías digitales y su desarrollo, resultaría algo «hipócrita» rechazar los centros de datos, pero señaló que existen alternativas a las instalaciones de hiperescala. «En Madrid los hay de cinco o diez megavatios, con impactos nulos y que siguen existiendo. Ahora, estos proyectos llegan a la España rural para tener más rentabilidad a costa de un mayor impacto sobre el territorio», aclaró el especialista, que mencionó la opacidad de los proyectos. «No sabemos a qué va a estar dedicado el centro de datos. Necesitamos un proceso de participación pública».
Las preguntas
Una vez terminada su exposición, y de ponerse a disposición de los ayuntamientos de Monfarracinos y Zamora para ofrecer asesoramiento sobre el asunto, Manuel García respondió por espacio de más de una hora a las preguntas de la gente. En esa parte de coloquio, salieron a la palestra asuntos como la posible afectación para las aves de las más de veinte chimeneas de treinta metros de altura que se construirán en el complejo, o el impacto que podría tener la subida de las temperaturas en el perímetro para los cultivos agrícolas, algo que preguntó un hombre directamente afectado. El investigador reconoció que hacen falta estudios más serios al respecto.
En esa parte final de la charla, también hubo tiempo para hablar de los movimientos de rechazo contra estas plantas en el norte de Europa, o del referéndum organizado recientemente en un pueblo de Huesca para decir masivamente (99,1%) «no» a un centro de datos de Amazon. También se citó el riesgo que implica la puesta en servicio de un centro de datos en la zona desde la óptica de que convierte al entorno en «un objetivo militar», por la información sensible que se maneja. «Hablamos de espacios que se parecen más a bases militares en territorio extranjero», concedió el ponente.
«La pila Duracell» de España
Ya en la parte final, también intervinieron personas como el biólogo Javier Talegón, que habló de «situación agotadora» con la amenaza de este tipo de proyectos y que lamentó que la provincia se esté convirtiendo en la «pila Duracell» del resto del país. «En los últimos cinco u ocho años hemos visto un deterioro bestial por culpa de las renovables», abundó el responsable de Llobu, que remarcó que, años antes, habían sido la energía hidroeléctrica o las minas extractivas las que habían esquilmado al territorio. «Nos merecemos más. Yo quiero otra provincia con paisaje, cultura y fauna», remachó.
En el cierre, una mujer lamentó la falta de movilización de Zamora, una tierra, según ella, acostumbrada todavía «a la época de la dictadura». Como respuesta, y vista la experiencia en otros lugares, Manuel García zanjó: «Si en otros sitios se han parado estos proyectos es porque ha habido organización social. Si hasta ahora no ha habido esa fuerza, es buen momento para que llegue».
