La parte portuguesa de la Bragança – Puebla de Sanabria no avanzará en 2026, ante la falta de financiación, pero el Gobierno luso sí ha dado garantías para los próximos ejercicios. Así lo avanza una información publicada en los últimos días por el Diario de Tràs-os-Montes, que menciona una reunión reciente entre la presidenta de la Cámara Municipal, Isabel Ferreira, y los responsables del propio Ejecutivo central. El encuentro se produjo en el marco de la puesta en marcha de un proyecto universitario en la ciudad vecina, pero la representante local aprovechó para reivindicar otros proyectos pendientes.
Entre ellos se encuentra esta conexión por carretera con la provincia de Zamora. «Tengo la garantía del señor primer ministro y del ministro de Economía y Cohesión Territorial de que la financiación estaría asegurada», indicó Ferreira en declaraciones recogidas por el Diario de Tràs-os-Montes.
Conviene recordar que, hace ya unos meses, trascendió que el municipio había perdido el dinero de los fondos europeos que se le había concedido para el proyecto al incumplir los plazos de ejecución marcados. De hecho, inicialmente, Bragança se había visto obligada a devolver una cantidad adelantada cercana al millón de euros, aunque finalmente la Cámara pudo justificar que ese dinero se había utilizado para la redacción del proyecto y para el estudio de impacto ambiental.
A partir de ahora, esa declaración tendrá que ser reformulada antes de que se pueda activar nuevamente la obra. Será entonces cuando Bragança necesite la financiación comprometida por el Estado portugués para iniciar unos trabajos que, en la parte española, aparecen comprometidos dentro del Plan de la Raya detallado el pasado año por la Junta de Castilla y León.
43 kilómetros
Conviene recordar que la carretera al completo consta de unos 43 kilómetros, de los cuales 16 corresponden a España. Se trata, en concreto, del trazado de la ZA-921, que «requiere de obras de modernización y acondicionamiento integral», según admite el mencionado Plan de la Raya en el que la Junta se compromete a intervenir antes de 2031.
En todo caso, también queda pendiente la llamada variante de Rihonor, la conexión internacional, que tendría que correr a cargo del Gobierno de España. Ahí la Junta se limita a pedir el compromiso «jurídico, técnico y económico» del Estado para su ejecución.
