El Procurador del Común llama al Ayuntamiento de Zamora a renovar los acuerdos mediante los cuales el Zamora Club de Fútbol mantiene el uso exclusivo del estadio municipal Ruta de la Plata, propiedad del Ayuntamiento pero que, en la práctica y por lo que refiere al terreno de juego, disfruta solo el club deportivo de la ciudad. Lo hace a raíz de una queja ciudadana que cuestiona la legalidad de la cesión habida cuenta de que el club se convirtió en 2020 en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con ánimo de lucro. El denunciante critica que esta ocupación se mantenga sin haber culminado un procedimiento de concesión administrativa que regule de manera actualizada los derechos y deberes de la SAD.
Aunque el Ayuntamiento de Zamora inició trámites para regularizar esta explotación demanial, el proceso nunca se terminó, perpetuando el uso privativo de la instalación por parte del club a lo largo de los años. Mientras, el Consistorio ha acometido o proyectado importantes obras de mejora en el estadio y sus campos anexos, y además suscribió un convenio de colaboración con la SAD. Para el denunciante, carece de lógica legal que el Ayuntamiento asuma gastos de conservación cuando ni siquiera está definido el régimen jurídico de ocupación ni las obligaciones específicas de cada parte.
Cuestionado por este tema el Ayuntamiento, el Consistorio ha reconocido que indudablemente el Ruta de la Plata es municipal pero apunta desconocer la fecha exacta a partir de la cual el Zamora CF convertido en Sociedad Anónima Deportiva explota de forma privativa el inmueble. En las dependencias municipales, reconoce el Ayuntamiento, no hay título jurídico válido que ampare esta cuestión. Se inició un expediente, en 2021, pero quedó paralizado a la espera de informes técnicos que no llegaron. Por su parte, el Servicio Municipal de Deportes explica que el contrato administrativo de cesión firmado en el año 2002 es el que justifica el uso del estadio, ya que la nueva sociedad mercantil «asumió los compromisos del anterior club de fútbol, subrogándose el contrato». Informa además que la tramitación del expediente de concesión paralizado desde 2021 se ha reactivado y que los pliegos estarán, en principio, disponibles en octubre de 2026.
Mientras la cesión del estadio sucedía sin el, a juicio del Procurador, amparo legal suficiente, el Ayuntamiento ha acometido obras de importancia en las instalacinoes. Se ha cambiado el césped, se han rehabilitado vestuarios, se ha comprado mobiliario, se va a construir un nuevo campo de fútbol, se va a cambiar la iluminación del estadio y se otorgan además subvenciones al Club. El Procurador recuerda que, si el Zamora CF tiene en la práctica el uso privativo del estadio, lo que debe existir es una concesión administrativa previa licitación pública. El documento que data de 2002 tiene además, a juicio del Procurador, defectos y no se han aprobado prórrogas aunque su vigencia era de cuatro años. «Al operar sin prórrogas, el club se encuentra técnicamente en situación precaria, una condición que por ley es revocable en cualquier momento con un aviso previo de un mes y sin derecho a indemnización alguna».
Además, en base a los documentos de 2002, se estipula que el Zamora CF debe encargarse de la conservación y mantenimiento del estadio. Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó en 2026 una subvención de 125.000 euros para pagar exactamente esos mismos gastos de mantenimiento. La resolución advierte que está terminantemente prohibido utilizar fondos públicos para financiar obligaciones que, por contrato, corresponden a una entidad privada con ánimo de lucro (como lo es una SAD) sin que medie una modificación contractual debidamente justificada y motivada.
En suma, el Procurador pide que se examine formalmente la validez del acuerdo de 2002, que se finalice el expediente iniciado en 2021 sin más dilación y que se fiscalicen las ayudas públicas concedidas al club delimitando de forma clara que gastos corresponden al Ayuntamiento y cuáles al Zamora CF.
