La exclusión financiera se empezó a popularizar como concepto en los años posteriores a la crisis de 2008, cuando el cierre de oficinas y de otros centros bancarios empezó a aislar de manera ciertamente acelerada a un grupo cada vez mayor de población. Lo que ha venido sucediendo desde entonces en zonas como la Zamora rural es que los vecinos se han ido quedando sin acceso presencial a estos servicios sin que la recuperación económica haya venido acompañada de la reapertura de estos locales o del incremento de los agentes que asisten a las localidades.
De hecho, en Zamora, cuando estalló la crisis económica hace ahora 18 años, había 253 oficinas bancarias abiertas en la provincia y ahora hace algún tiempo que esa cifra permanece estancada en 89. Es decir, en este periodo se han perdido dos tercios de los espacios donde la gente acudía a realizar sus trámites. Es cierto que, en ese mismo lapso de tiempo, se ha ido popularizando el uso de la banca online, pero eso no alcanza para cubrir a toda la población, y menos en lugares donde se juntan el envejecimiento y, en casos puntuales, los problemas de acceso a internet.
De ahí la necesidad de llevar a los pueblos de Zamora un servicio que, a partir de septiembre, comenzará a funcionar con dinero público de la Diputación de Zamora y bajo la gestión de Caja Rural: dos furgones con empleados de banca asistirán de forma recurrente a los municipios que ahora carecen de otros recursos para acceder a servicios bancarios. Habrá rutas determinadas con horarios concretos para que la gente sepa dónde y cuándo acudir. No llegará a todos los rincones – los vecinos de los anejos tendrán que seguir desplazándose – pero sí a todos los ayuntamientos.
La idea que se pondrá en práctica casi a partir de ya viene a tratar de ofrecer una solución para la provincia que lleva años siendo la más castigada por la exclusión financiera. La estadística correspondiente al año 2025 es una evidencia de esa afirmación: solo dos territorios de España tienen más de un 10% de su población en situación de exclusión financiera: Salamanca, con un 15,26% y Zamora, con un 21,35%. El resto queda por debajo de ese listón.
En el caso de Zamora, eso quiere decir que más de 35.000 personas no tienen, en estos momentos, ni un solo servicio bancario en sus municipios. Hablamos de 192 ayuntamientos sin oficina y de 174 sin nada de nada. El tiempo dirá si la alternativa diseñada por la Diputación sirve para paliar en alguna medida esa situación que comenzó a golpear a la provincia en la crisis de 2008 y que se ha quedado como una herencia perenne de aquel estallido económico.
