Juan Antonio Casas llegó a Tábara al inicio del verano de 2024. A sus 34 años, este andaluz de Mancha Real (Jaén) acababa de cursar un Máster en Documentación, Archivo y Bibliotecas, y escogió la localidad zamorana para sumergirse en el programa Campus Rural, una iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que facilita la realización de prácticas remuneradas en los municipios españoles de menos de 5.000 habitantes. Junto a varios compañeros más, este hombre se ocupó de atender servicios públicos locales. En su caso, la biblioteca. La cosa fue bien para ambas partes y, pasados julio y agosto, la acumulación de una excedencia y una baja le permitieron quedarse temporalmente en un puesto libre.
El andaluz, que venía de pasar «el mejor verano desde el punto de vista meteorológico» de toda su vida, se quedó en la biblioteca y luego incorporó también otras funciones en el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara. «Se alinearon los astros», concede ahora Juan Antonio, que está a punto de hacer las maletas para irse del pueblo: «Yo me marcho por obligación; me quedaría todo el tiempo que fuese», asegura el todavía trabajador del Ayuntamiento, que aclara que la persona que tiene la plaza se reincorpora. Lo suyo, en realidad, ya ha sido una excepción positiva dentro de la tendencia que se percibe con estos programas de prácticas rurales.
Así lo atestigua un estudio sobre «prácticas universitarias y empleo cualificado en el medio rural,» de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza. La investigación, llevada a cabo por Pablo Delgado, Marina Dolado, Nieves García-Casajeros y Adrián Palacios-Mateo, realiza una evaluación de los llamados Erasmus rurales en España, y la conclusión que extrae es que los alumnos y las entidades realizan «una valoración muy positiva de la experiencia», pero carecen de una vía clara para darle continuidad. En concreto, los participantes aprecian especialmente la acogida recibida, los vínculos creados y la integración en la localidad. Lo que sucede es que, luego, los que se quieren quedar, no encuentran un camino.
En el citado caso de Tábara, Juan Antonio Casas explica que, cuando la entidad de acogida es un ayuntamiento, «mantenerse en el puesto es muy, muy complejo, por no decir imposible». Su caso resulta «excepcional» por la sucesión de hechos que lo permitieron. Fue la ausencia de las compañeras la que facilitó que este andaluz pudiera llevar a cabo tareas como atender la biblioteca, ordenar los fondos y recomendar la adquisición de otros nuevos, crear un club de lectura o guiar las visitas por el Centro de Interpretación de los Beatos.
Durante estos dos años, Juan Antonio se ha sentido «muy bien acogido», se ha desarrollado «personal y profesionalmente» y se ha consolidado como «ese perfil de persona, quizá menos mayoritario, que sí estaría dispuesto a quedarse». De momento, no podrá hacerlo. El 11 de septiembre acabará su etapa en Tábara y regresará a Jaén. También dejará la casa en la que residía como alquilado, una vivienda que pagaba él, pero que había encontrado gracias a la mediación del Ayuntamiento, en un contexto en el que el acceso a un hogar en los pueblos por esa vía no siempre es sencillo.
En el ya mencionado estudio de la Universidad de Zaragoza, la propia falta de vivienda, la brecha digital, el acceso a servicios básicos y la disponibilidad de oportunidades laborales aparecen como puntos negativos a la hora de fijar a la población que llega para hacer estas prácticas rurales, que sí «cumplen una función relevante como mecanismo de aproximación entre Universidad y medio rural». De hecho, como en el ejemplo de Juan Antonio Casas, «los alumnos valoran de forma muy positiva la posibilidad de quedarse a trabajar en la propia entidad en la que han realizado las prácticas». Lo que pasa es que las entidades «no parecen tener una inclinación tan alta por ofrecer contratos permanentes o temporales». Muchas veces, porque no pueden.
Problemas estructurales
«Parece que el programa ha funcionado muy bien a la hora de mostrar a los estudiantes destinos laborales en el mundo rural, pero las entidades de acogida lo han aprovechado para contar con personas de alto nivel educativo con el fin de realizar algunas tareas específicas», sostiene el estudio, que añade referencias a la literatura reciente. Estas abundan en el hecho de que «la Universidad puede desempeñar un papel importante en la diversificación de la economía rural, apoyando el trabajo autónomo, el emprendimiento joven y el uso de nuevas tecnologías que permitan a perfiles cualificados trabajar desde territorios no urbanos».
Sin embargo, para que la atracción de talento joven tenga continuidad en el tiempo, «es necesario abordar los problemas estructurales». Esta idea coincide con estudios recientes sobre Campus Rural, que muestran que muchos jóvenes valoran positivamente la experiencia, pero siguen viendo «obstáculos» para establecerse de forma permanente en estos municipios.
«Es verdad que, dentro de los solicitantes de estas prácticas, la mayoría no tiene una perspectiva de quedarse y solo busca una experiencia. Pero hay otro perfil que sí, y facilitar los medios para que pudieran asentarse me parece que sería adecuado», analiza Juan Antonio Casas, que cree que ese camino tendría que ser «un objetivo mismo» del programa Campus Rural.
