La Iglesia investiga en estos momentos un presunto caso de abuso sexual a personas que eran menores de edad en el momento de los hechos y que habría sido cometido por un sacerdote de la diócesis de Zamora. El propio Obispado ha remitido una nota a los medios en la que ha informado de la existencia de «un procedimiento canónico» relacionado con este asunto.
Según la diócesis, al tener conocimiento de la acusación formulada por las presuntas víctimas, el propio obispo, Fernando Valera, «inició la correspondiente investigación previa canónica, en la que se recogieron los testimonios y la documentación necesarios para el esclarecimiento de los hechos». Una vez concluida esta fase, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en esta materia, «que ha examinado las actuaciones realizadas y ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse».
Asimismo, la diócesis puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y «mantiene su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido». En el ámbito eclesiástico se han adoptado, además, diversas medidas cautelares respecto del sacerdote: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.
En todo caso, estas medidas tienen carácter preventivo «y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso». La Diócesis de Zamora ha reiterado «su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, y con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes».
Del mismo modo, ha manifestado su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas, a la vez que ha solicitado prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, «que deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado».
