«Nos limitamos a cumplir la ley». «No podemos prevaricar». Las explicaciones que durante los últimos meses han dado los ayuntamientos de la provincia de Zamora a sus vecinos cuando se ponía sobre la mesa el asunto de las plantas de biogás iban siempre en la misma línea. «Como si esto fuera una cosa divina que viene de arriba y contra la que no se pudiera luchar». Hasta ahora. Esta semana, el Bocyl ha publicado la denegación de la licencia de impacto ambiental a una empresa que planteaba una instalación de grandes proporciones en el polígono Campo de la Aviación de Coreses. La explicación al «portazo» administrativo a la licencia hay que buscarla en varios informes urbanísticos elaborados por el Ayuntamiento, que se ha posicionado en contra de la llegada de esta industria y que ha planteado a la Junta las incompatibilidades que se atisbaban. Y el proyecto se ha parado.
En Coreses se ha creado la Plataforma Coresana, un colectivo surgido al albur de las primeras noticias sobre plantas de biogás interesadas en establecerse en el pueblo. En menos de un año de vida el grupo ha conseguido que de muchas casas del pueblo cuelguen pancartas de «no» al biogás. La pancarta más grande está en la fachada del Ayuntamiento desde hace unas semanas, y no es esta una cuestión menor porque el Ayuntamiento de Coreses partía, de entrada, de una posición muy similar a la de otros pueblos con la misma circunstancia. La premisa de que «aquí no se puede hacer nada». Pero eso ha cambiado.
Álvaro Martín es el portavoz de la plataforma, uno de los vecinos que más se está moviendo en esta materia, que ha conseguido posicionar en contra primero a los empresarios del Campo de la Aviación y, después, a los vecinos. Gracias a la presión de la plataforma Coreses -que formó parte junto con Peleas de Abajo, El Cubo de Tierra del Vino, Villardondiego y San Cebrián de Castro de la Asociación de Municipios por la Energía Sostenible en Castilla y León (un grupo que busca la mejor manera de proteger a los pueblos contra los excesos de la industria pero que no se opone al fondo de la cuestión)- ha abandonado la asociación. Y gracias a la Plataforma Coresana se enviaron unas alegaciones al proyecto de planta de biogás que no estaban sobre la mesa y que han acabado siendo tenidas en cuenta.
«Lo que ha pasado demuestra que los ayuntamientos tienen mucha capacidad de acción», asegura Martín. «Es falso que no puedan hacer nada. Es más, son ellos los que tienen la última palabra», indica el portavoz de la plataforma. Según las mismas fuentes, el camino que llevaba Coreses era el mismo que el de otros pueblos. «No se nos contaba directamente lo que había, nos enterábamos de cosas cuando ya estaban firmadas». Para parar esto se creó una asociación «deprisa y corriendo», se organizaron reuniones, se contactó con Zamora en Pie y, después de que una abogada estudiara el proyecto y la normativa urbanística del pueblo, se dio con la tecla. «Si esto ha pasado en Coreses», apunta Álvaro Martín, bien puede pasar en otras localidades zamoranas.
La cuestión, dice, «es voluntad». Voluntad de «estudiar las leyes», de «no tener miedo a aplicarlas» y de plantar cara a una industria que viene con el «cebo» de grandes inversiones. Inversiones, están convencidos en el pueblo, que luego «no serán tanto». «Se puede parar, pero hace falta voluntad de hacerlo. Muchos pueblos son pequeños y, si el equipo de Gobierno no está por la labor», es más difícil. Ahí entran en juego colectivos sociales, abogados privados… En suma, tiempo y dinero, cuestiones que escasean.
Sobre el cambio de parecer del Ayuntamiento en esta materia habla su alcalde, José Luis Salgado, que reconoce que la información escaseaba cuando la industria estableció los primeros contactos. La empresa que iba a construir la planta, que se da prácticamente por descartada aunque queda plazo de alegación, compró once parcelas municipales en el polígono, que ahora tendrán que revertir al Ayuntamiento. «Nosotros no podemos ir contra la ley, esto está claro, pero si los vecinos no quieren esta industria, lo que sí haremos es estudiar toda la normativa para ver a qué podemos agarrarnos», dice el alcalde. En este caso concreto se enviaron primero unos informes menos concretos, a los que se añadió otro de la Diputación de Zamora que era desfavorable, pero con defectos subsanables, al que se agarraba la empresa. La Junta solicitó aclaraciones y Coreses, apoyado por la abogada de Zamora en Pie, emitió un informe contrario más contundente, un informe que no se hubiera hecho de no mediar la asociación, reconoce el alcalde, porque se hubiera dado por bueno el emitido por la Diputación. Ese informe es el que más ha pesado en la resolución de Medio Ambiente. «Un triunfo de la voluntad», dicen en la Plataforma Coresana. El alcalde no van tan allá: «De la legalidad».
Lo que este caso ha demostrado es que los ayuntamientos sí tienen herramientas para frenar, por sus medios, la implantación de esta industria. En el caso de Coreses se ha apelado a la edificabilidad, que estaba superada, y a otras cuestiones como la cercanía a varias empresas del sector de la alimentación. Cuestiones que afectan a otras localidades. «Nosotros haremos lo que quieran los vecinos, y en este pueblo se ha levantado un movimiento social importante contra el biogás que teníamos que atender», concluye el alcalde.
