Viene siendo habitual que los veranos se conviertan en crisoles activos de catástrofes naturales en las que intervienen las olas de calor, los incendios y las inundaciones. Centrándonos en los incendios forestales, como los que están afectando de forma virulenta a España y Francia en el verano de 2026, el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y las olas de calor asociadas al cambio climático están incrementando tanto su frecuencia como su intensidad.
A estos factores medioambientales se suman la despoblación de las zonas rurales, la acumulación de vegetación combustible y determinadas actividades humanas, ya sean accidentales o intencionadas, que hacen que cada año se registren en España miles de incendios forestales, cuyos efectos repercuten tanto en el medio natural como en la economía y la sociedad. No obstante, son muy pocos los que provocan los peores daños: según Greenpeace, el 0,77 % de los incendios de 2025 (65 de más de 8 000) fue responsable del 86 % de la superficie quemada.
Impacto medioambiental
Los incendios forestales provocan una profunda alteración de los ecosistemas. En primer lugar, destruyen extensas superficies de vegetación, reduciendo la capacidad de los bosques para captar dióxido de carbono (CO₂) y contribuir a la regulación del clima. Además, la combustión libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, reforzando el proceso de cambio climático.
La biodiversidad también resulta gravemente afectada. Numerosas especies animales pierden sus hábitats, zonas de reproducción y fuentes de alimentación. Algunas poblaciones pueden tardar décadas en recuperarse, especialmente cuando los incendios afectan a espacios naturales protegidos o a especies amenazadas.
Otro impacto relevante es la degradación del suelo. Las elevadas temperaturas destruyen la materia orgánica y los microorganismos responsables de mantener la fertilidad del terreno. Posteriormente, la ausencia de cobertura vegetal incrementa el riesgo de erosión y desertificación, especialmente en las zonas mediterráneas, donde las lluvias torrenciales favorecen el arrastre de sedimentos.
La calidad del aire también se deteriora debido a la emisión de partículas en suspensión y gases contaminantes que afectan a la salud de la población, especialmente a personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, las cenizas pueden contaminar ríos, embalses y acuíferos, alterando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Impacto socioeconómico
La gestión de los incendios forestales cuesta dinero. Las administraciones públicas (nacional, autonómicas y locales) destinan cada año millones de euros a labores de prevención, vigilancia, extinción y restauración ambiental. Estos costes incluyen medios aéreos, brigadas forestales, reconstrucción de infraestructuras y recuperación de espacios naturales.
El sector agrícola y ganadero también experimenta importantes perjuicios por la pérdida de cultivos, pastos, explotaciones e infraestructuras rurales. Se estima que los fuegos de 2025 quemaron en torno al 9 % de tierras de uso agrícola. Igualmente, la actividad forestal disminuye por la destrucción de recursos madereros y otros productos derivados del bosque.
El turismo es otro de los sectores afectados, especialmente en aquellas regiones donde los espacios naturales constituyen uno de los principales atractivos económicos. La destrucción del paisaje reduce la llegada de visitantes y repercute negativamente en hoteles, restaurantes y pequeños comercios. Solo un dato: los incendios forestales del verano pasado en Asturias hicieron perder cerca del 10 % de las reservas a los alojamientos rurales.
Desde el punto de vista social, los desastres naturales provocan evacuaciones, pérdida de viviendas, daños psicológicos y, en los casos más graves, víctimas mortales.
Y para cerrar el círculo, el abandono progresivo del medio rural favorece la acumulación de combustible vegetal, aumentando el riesgo de nuevos incendios y generando un círculo vicioso entre despoblación y degradación ambiental.
Medidas para la recuperación
La recuperación de las zonas afectadas requiere actuaciones coordinadas entre las administraciones públicas, los expertos y la población local. En el ámbito socioeconómico, las administraciones deben ofrecer ayudas a las personas afectadas, impulsar la reconstrucción de infraestructuras y promover actividades económicas sostenibles que favorezcan el desarrollo rural.
Sin embargo, la mejor estrategia sigue siendo la prevención. La Ley de Montes establece la obligación de realizar una adecuada gestión forestal mediante la limpieza de montes, la creación de cortafuegos, la planificación del territorio y el desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana.
La vigilancia permanente, el uso de tecnologías de detección temprana y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales son herramientas fundamentales para reducir el riesgo de incendios forestales.
Mejorar la gestión
Los fuegos en los bosques representan un enorme reto medioambiental y socioeconómico con consecuencias directas en la biodiversidad, los recursos naturales, la economía rural y la calidad de vida de la población a largo plazo.
En un contexto de cambio climático, resulta imprescindible fortalecer las políticas de prevención, mejorar la gestión forestal y desarrollar estrategias de restauración ecológica sostenibles.
Es un dicho popular que los incendios se empiezan a apagar en invierno. No hay que esperar a las olas de calor veraniegas.
Julián Briz Escribano. Catedrático emérito, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Isabel de Felipe Boente. Profesora jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
