La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia su “asfixia” económica y social ante el veto al uso de la pirotecnia fuera de las zonas de influencia forestal que están aplicando administraciones autonómicas y locales de la comunidad de Castilla y León y en otras regiones, como Andalucía, Aragón o Extremadura. La asociación destaca que lo que considera una oleada “indiscriminada e injustificada” de suspensiones y prohibiciones responde a una “persecución desproporcionada” que amenaza con “el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos”.
El 80% de la facturación anual del sector se concentra en las fiestas patronales de julio y agosto en todo el territorio nacional. Y una buena parte de la actividad pirotécnica de ese 80% se registra durante el pasado 15 de agosto, fiesta en cientos de pueblos. Este año, no se ha podido trabajar en muchas localidades por el riesgo que implica el lanzamiento de fuegos artificiales en un entorno natural excesivamente seco.
AEPIRO denuncia que “está calando en la opinión pública la certeza, incentivada por la clase política, de que la pirotecnia es causa relevante de los incendios forestales”. Los datos oficiales, dicen, acreditan justamente lo contrario. «Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023, muy por detrás de la intencionalidad y el rayo, que concentran juntas más de dos tercios del total, y de otras causas cotidianas como colillas, vehículos, líneas eléctricas o quema de restos de poda». En el caso de Castilla y León, dicen, solo se han quemado por incendios originados en fuegos artificiales el «0,016% de las hectáreas quemadas desde 2015».
El sector alerta de “la absoluta asfixia económica y la falta de responsabilidad patrimonial por parte de los gobiernos autonómicos”. “Las Administraciones promueven políticas de cancelación masiva basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras”, señala la Asociación Española de la Pirotecnia, que denuncia que “si los políticos consideran que la actividad pirotécnica es tan peligrosa, que tengan la valentía de decirlo con claridad y de asumirlo con todas las consecuencias».
