Zamora vuelve a arder. Si durante la última semana vivíamos preocupados por los incendios de Ávila, Madrid y Castellón, en esta veíamos como nuevamente la provincia de Zamora volvía a arder, en esta ocasión en los Arribes del Duero. Y una vez más la misma pregunta: ¿No hemos aprendido nada?
Cada gran incendio viene acompañado de una avalancha de explicaciones, muchas de ellas falsas. Algunos partidos y grupos de extrema derecha aprovechan estos desastres para difundir bulos y señalar como culpables al Gobierno de España, al cambio climático, a la Agenda 2030 o al ecologismo. Sin embargo, antes de buscar culpables conviene acudir a los hechos y a la legislación.
La responsabilidad y obligación de llevar a cabo las labores de prevención de incendios forestales y protección del medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas. Así lo establece el Artículo 148 de la Constitución Española, y así lo desarrolla el Artículo 48 de la Ley de Montes (aprobada durante el Gobierno de José María Aznar): “Las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”.
Es más, esa misma Ley de Montes establece que las comunidades autónomas deberán prohibir el uso de maquinaria que pueda producir chispas, deflagraciones o descargas eléctricas a menos de 400 metros del monte cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo.
Por tanto, las restricciones que estos días se han aplicado en diferentes territorios no son consecuencia de la Agenda 2030, del ecologismo ni de una decisión del Gobierno central. Son obligaciones previstas desde hace años en la Ley de Montes (2003). Obligaciones que se han saltado quienes han provocado los incendios de Ávila y Madrid (veremos el de Fermoselle) al grito de ¡libertad!
En el caso de Castilla y León, además, el propio Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta la competencia exclusiva en materia de prevención y extinción de incendios forestales en su artículo 71.
Todo ello significa que corresponde a las comunidades autónomas planificar, presupuestar y ejecutar las labores de prevención. No existe ninguna norma estatal ni ninguna directriz de la Agenda 2030 que impida limpiar montes, mantener cortafuegos o gestionar adecuadamente la masa forestal, como afirman algunos bulos que circulan cada verano.
Y aquí llegamos al verdadero motivo de estas líneas.
¿Por qué, si la competencia es autonómica, seguimos teniendo problemas tan graves de prevención? ¿Qué relación tiene todo esto con los impuestos?
La respuesta es sencilla: mucha más de la que parece.
A modo de ejemplo, estos días hemos conocido algunas de las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Entre ellas destacan nuevas rebajas fiscales para las rentas más altas: ampliación de la reducción del IRPF para contribuyentes con ingresos superiores a 100.000 euros (pocas personas de clase trabajadora tienen esos ingresos) y aumento del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio hasta los dos millones de euros, una medida que beneficia únicamente a unos 10.000 grandes patrimonios.
Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales se reduce en torno a un 10 %.
¿Casualidad? No.
Una cuestión es muy clara. Los presupuestos públicos funcionan, en esencia, como una suma cero. Todo el dinero que entra tiene un destino. Por tanto, si quieres incrementar un gasto, tienes que recortar otro (para que la suma sea cero), y si quieres reducir los ingresos mediante una bajada de impuestos, tienes que recortar algún gasto.
El problema es que esos recortes rara vez afectan a partidas muy visibles. Es mucho más sencillo reducir inversiones en prevención, mantenimiento o conservación, porque sus efectos no se perciben inmediatamente. Sólo afloran cuando ocurre una tragedia (que se podía haber evitado sin esos recortes).
La prevención de incendios es uno de esos gastos invisibles. Mientras todo va bien, apenas ocupa titulares. Pero cuando falla, el coste económico, ambiental y humano es inmenso.
En Castilla y León llevamos años escuchando hablar de bajadas de impuestos y que todavía existe margen para seguir bajándolos. Es una afirmación legítima desde el punto de vista político. Lo que pocas veces se explica es la otra cara de la moneda en este “presupuesto de suma cero”: ¿qué servicios públicos dejarán de financiarse para compensar esa menor recaudación?
Porque los números no entienden de ideologías.
Pero los datos están ahí. Entre 2009 y 2022, el presupuesto destinado a prevención de incendios en Castilla y León pasó de 10,27 millones a 1,41 millones, una reducción superior al 85%. Si se reducen los ingresos porque bajas los impuestos (normalmente a los que más tienen), tienes que recortar el gasto. Aquí un ejemplo.
Mientras tanto, el abandono del medio rural y la disminución de la actividad ganadera han hecho que la limpieza natural de montes y pastos sea cada vez menos. Es decir, justamente cuando más inversión pública es necesaria para prevenir incendios o minimizar sus efectos, menos recursos se destinan a ello.
La cuestión, por tanto es sencilla. Intentad recordar este concepto de “presupuesto de suma cero” cuando escuchemos promesas de nuevas rebajas fiscales.
Bajar impuestos puede sonar bien. A nadie le disgusta pagar menos. Pero los impuestos financian los servicios públicos. Y cuando disminuyen los ingresos, alguien tiene que explicar qué gasto se reducirá para cuadrar las cuentas.
Quizá sea educación. Quizá sanidad. Quizá servicios sociales. O quizá, como estamos viendo demasiados veranos, la prevención de incendios.
Porque los incendios no empiezan con una chispa. Muchas veces empiezan años antes, cuando dejamos de invertir en que esa chispa se convierta en una catástrofe.
