Cuando las llamas avanzaban hacia el pueblo de Bédar (Almería), el alcalde dio la orden desesperada de tocar las campanas de la iglesia para advertir a los vecinos. Pero esto no bastó. El incendio de Los Gallardos, con 13 fallecidos y 7 000 hectáreas quemadas, se ha convertido en el tercero con más víctimas mortales en España. La mayoría, extranjeros jubilados que residían en viviendas aisladas, murieron atrapados en sus vehículos o huyendo a pie por caminos sin salida, en una zona dominada por matorrales y topografía escarpada de difícil acceso.
Las altas temperaturas y la extrema sequedad convierten el matorral, pastizales y arbustos en un combustible altamente inflamable. Esto, combinado con una topografía compleja que acelera la velocidad del incendio y lo hace avanzar en direcciones impredecibles, plantea un enorme desafío para la extinción.
Aunque la legislación andaluza (Decreto 371/2010) exige planes locales de emergencia por incendios forestales en zona de peligro, y planes de autoprotección para edificaciones aisladas y urbanizaciones, existe un problema generalizado de cumplimiento e implementación.
Redefinición del problema de los incendios
El desastre en Los Gallardos evidencia que este problema sólo empeorará sin una intervención enérgica y adecuada que supere el paradigma dominante actual, basado en la extinción y la resistencia.
Dónde, cuándo y cómo se producen los incendios está cambiando: aumentan los incendios altamente destructivos, se expanden las viviendas en la interfaz urbano-forestal, lo que expone más hogares al fuego y, sobre todo, crece el riesgo en zonas de matorrales y pastizales, paisajes que no asociamos con el riesgo de incendio, afectando a comunidades que desconocen cómo comportarse ante un riesgo al que no han estado expuestas con frecuencia. Es urgente redefinir la gestión de este riesgo.
Mejorando la resiliencia frente a los incendios
Una respuesta política reactiva (responder cuando el desastre ya ocurrió) es insuficiente e insostenible. Es necesario avanzar hacia estrategias basadas en la preparación, mitigación y adaptación, entre las que se destacan:
1. Gestionar la vulnerabilidad social
Los incendios exponen vulnerabilidades sociales preexistentes que afectan a la capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de sus impactos. En zonas de alto riesgo, la población puede ser de edad avanzada, residir sola en viviendas aisladas, tener limitaciones financieras, o desconocimiento del territorio.
Los incendios suponen también un riesgo para las economías locales, por la vulnerabilidad de las empresas, incluidas las de servicios públicos e infraestructuras, debido a la inflamabilidad de sus instalaciones, su ubicación o interrupciones en las cadenas de suministro, servicios básicos o movilidad de sus empleados.
Se requiere una planificación específica que identifique y actúe sobre todas estas vulnerabilidades.
2. Adoptar soluciones basadas en la naturaleza
Las soluciones basadas en la naturaleza aún no se han integrado plenamente en la gestión del riesgo de incendios, a pesar de ser reconocidas como fundamentales ante otro tipo de riesgos, como mejorar la adaptación de las comunidades al cambio climático o en políticas de restauración de la naturaleza.
El pastoreo controlado, la creación de hábitats menos inflamables, los cortafuegos verdes y la restauración de redes hídricas para aumentar la humedad ambiental y crear zonas que frenen el avance del incendio son algunas de estas soluciones, que además generan múltiples co-beneficios para la población y la economía local.
3. Elaborar y actualizar planes de emergencia, autoprotección y formación ciudadana
Los ayuntamientos deben elaborar planes de emergencia accesibles a la población. Las viviendas aisladas y urbanizaciones deben contar con sus propios planes de forma coordinada. Es necesario disponer de hidrantes y puntos de agua, garantizar sistemas de aviso accesibles y vías de acceso y evacuación, con protocolos para personas vulnerables.
Pero los planes no bastan sin formación. Son necesarios programas continuados, adaptados a cada comunidad, que capaciten a la población en el mantenimiento seguro de sus viviendas y sus alrededores, en el conocimiento de puntos de encuentro y zonas de refugio, y que les enseñen a diferenciar entre confinamiento y evacuación. Los simulacros son esenciales: evacuar no es huir; la emergencia debe estar planificada y entrenada.
4. Fomentar la cohesión y la acción colectiva
La reducción del riesgo es más efectiva cuando es impulsada desde la comunidad, lo que incrementa la resiliencia colectiva. Se requiere una colaboración eficaz entre administraciones, organizaciones comunitarias, sector privado y ciudadanía.
La participación activa de la población en el diseño de los planes de emergencia fortalece la credibilidad y legitimidad de las estrategias de preparación, mejora la capacidad de respuesta ante el incendio y genera confianza y sentido de la responsabilidad compartida a la prevención.
5. Fomentar una gobernanza integrada y coordinada
La gestión del riesgo de incendio no puede ser responsabilidad exclusiva de los servicios forestales o de extinción; necesita un sistema integrado. Todas las agencias con capacidad de actuación en el territorio deben considerar el riesgo de incendio en sus decisiones.
Esto incluye evitar nuevas construcciones y establecer normativas de construcción específicas en zonas de alto riesgo, crear franjas de transición entre usos y promover aquellos que contribuyan a mantener paisajes más resilientes al fuego.
6. Cambiar los incentivos de gestión de riesgo
Es imprescindible utilizar instrumentos económicos y conocimientos sobre el comportamiento (como los nudges o intervenciones para fomentar determinadas decisiones en los individuos) para que las acciones de autoprotección y gestión del territorio sean las opciones más fáciles y gratificantes.
Los pagos por servicios ecosistémicos que incentivan prácticas de gestión del suelo orientadas a la reducción del riesgo de incendios son un ejemplo. El rol de los seguros ante riesgos naturales y climáticos está evolucionando con el diseño de instrumentos basados en un modelo proactivo que incentiva comportamientos individuales y colectivos de reducción del riesgo.
7. Mejorar los sistemas de monitorización y alerta temprana
La información actualizada sobre la evolución del fuego es esencial. Sistemas de monitorización en tiempo real, sensores, imágenes satelitales, modelos predictivos del comportamiento del fuego y aplicaciones de alerta con información de detalle pueden mejorar la capacidad de respuesta y permitir evacuaciones más seguras. La integración de estas herramientas en los planes de gestión locales es una inversión necesaria.
8. Fomentar la inversión pública y privada en preparación a largo plazo
Invertir en prevención y preparación es económicamente rentable. Las crecientes exigencias, tanto normativas como voluntarias, de divulgación por parte del sector privado sobre riesgos y dependencias relacionados con la naturaleza están generando una nueva demanda de productos de inversión (créditos de carbono o de biodiversidad, bancos de hábitats, bonos de impacto ambiental, etc.). Es necesario canalizar esta creciente inversión privada hacia medidas que refuercen la resiliencia de la población y el territorio a los incendios, complementando la inversión pública.
El incendio de Los Gallardos nos recuerda que necesitamos un cambio profundo en la forma en que entendemos y gestionamos el riesgo de incendio. Una inversión en preparación y planificación coordinada entre administraciones, sector privado y ciudadanía puede resultar decisiva para que, si las campanas vuelven a tocar, la población esté preparada para responder.
María-Luisa Chas-Amil. Catedrática de Economía Aplicada, Universidade de Santiago de Compostela
Julia María Touza. Catedrática en Economia Ambiental, University of York
