La Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y los representantes de los ocho municipios beneficiarios han firmado este miércoles los convenios correspondientes a una nueva fase del programa Rehabitare, que consiste básicamente en la rehabilitación de vivienda pública para destinarla a alquiler social. En este caso, las actuaciones se ejecutarán en las localidades de Carbellino, Hermisende, Pumarejo de Tera, Ricobayo de Alba, Nuez de Aliste, Vadillo de la Guareña, Villaferrueña y Villalpando.
La inversión total para ejecutar las actuaciones será de 832.000 euros, una cantidad que financiarán al 50% la Junta y la Diputación. Los ayuntamientos aportarán el inmueble que se reformará para habilitar nuevas viviendas y afrontar así uno de los problemas más evidentes de la Zamora rural: la falta de hogares para que se muden las familias que quieren residir de manera temporal o definitiva en una determinada localidad.

En su intervención, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha constatado que existe «una preocupación común en toda la provincia» y que programas como este pueden ayudar a fijar población y a que se ocupen determinadas vacantes laborales.
En la misma línea, Isabel Blanco ha admitido que las políticas de Vivienda, ahora bajo su competencia, son un eje fundamental de la nueva legislatura y ha reivindicado la importancia de programas como el Rehabitare, que ha permitido ya intervenir en casi 700 viviendas en toda la comunidad. En Zamora, con estas, serán ya 69. De ellas, 53 han sido financiadas exclusivamente con fondos autonómicos.
Rehabitare Privado
Por otro lado, Blanco ha anunciado el próximo desarrollo del nuevo programa Rehabitare Privado, una iniciativa «pionera» en colaboración con la Diputación de Zamora que extenderá la filosofía de Rehabitare a viviendas de titularidad privada que actualmente se encuentran vacías o infrautilizadas en pequeños municipios de la provincia.
El objetivo es incentivar a los propietarios para que rehabiliten estos inmuebles y los destinen posteriormente al alquiler asequible para personas y familias con rentas limitadas, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda disponible en el medio rural.
La medida permitirá «recuperar viviendas situadas en los cascos urbanos de los municipios, aprovechar las infraestructuras y servicios existentes, evitar el deterioro del patrimonio edificado y favorecer la llegada y permanencia de nuevos vecinos y trabajadores en el territorio». Asimismo, esta nueva línea de actuación «reforzará la actividad económica local mediante la contratación de empresas de la zona para ejecutar las obras de rehabilitación».
Está previsto que próximamente ambas instituciones firmen un convenio que permitirá movilizar 1,2 millones de euros entre 2026 y 2029.
