El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Piñuel, anejo del municipio de Bermillo de Sayago. La actuación «permitirá mejorar la dimensión y estructura de las explotaciones agrarias, incrementar su competitividad y facilitar el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera». La inversión prevista asciende a 1.046.393 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).
La concentración parcelaria afectará a una superficie de 1.602,60 hectáreas, pertenecientes a 198 propietarios, y supondrá una importante reorganización de la propiedad rústica de la zona. El proceso permitirá pasar de las 2.363 parcelas actuales a 475 fincas de reemplazo, lo que reducirá de forma muy significativa la fragmentación de la propiedad. Asimismo, la superficie media de las parcelas aumentará desde las 0,68 hectáreas actuales hasta 3,37 hectáreas por finca, alcanzando un índice de reducción de 4,97.
Entre las principales actuaciones previstas figura la creación y adecuación de una red de caminos de 40 kilómetros, una infraestructura que facilitará el acceso a las nuevas fincas, «reducirá los tiempos de desplazamiento y favorecerá una gestión más eficiente de las explotaciones agrarias».
El caso de Carbajosa
El Consejo de Gobierno ha aprobado también el acuerdo por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de iniciativa privada de la zona de Carbajosa de Alba, en el término municipal de Villalcampo (Zamora), un paso que permitirá continuar con la tramitación de una actuación destinada a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y facilitar una gestión más eficiente del territorio, con una inversión prevista en 1.502.893 euros.
La concentración parcelaria afectará a una superficie de 1.438 hectáreas, pertenecientes a 363 propietarios, sobre las que actualmente existen 4.253 parcelas. Tras la reorganización de la propiedad se constituirán 1.271 fincas, lo que supone reducir el número de parcelas en cerca de un 70% y aumentar la superficie media de cada finca desde las 0,34 hectáreas actuales hasta 1,13 hectáreas, con un índice de reducción de 3,35.
