La Diputación de Zamora ya tiene un plan para afrontar la obra necesaria tras el colapso parcial del puente que unía la N-122 y Granja Florencia, en el entorno de Toro, acaecido hace un par de semanas. La institución derribará la estructura actual y construirá una nueva de hormigón ante la constatación de que el viaducto actual ya está «inutilizado». La previsión es que las dos intervenciones – la de la demolición y la del futuro puente – tengan un coste acumulado de siete millones de euros.
El propio presidente de la Diputación, Javier Fáundez, ha sido el encargado de presentar los planes de la institución en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la diputada del área de Carreteras, Atilana Martínez, y la diputada de la zona de Toro, Natalia Ucero. En ese marco, el mandatario provincial ha explicado que ya se ha tramitado la emergencia correspondiente para acometer el derribo «inmediato» del puente actual.
Esa intervención inicial costará 1,1 millones de euros y correrá a cargo de Tragsa, según ha indicado Faúndez, que ha señalado además que la construcción del nuevo puente irá por la vía de la urgencia y que se agilizarán los trámites administrativos para poder cumplir con unos plazos razonables.
En cuanto a los detalles constructivos, Faúndez ha aclarado que el puente será de hormigón y no metálico por los costes de mantenimiento que implica el uso de cada uno de los materiales y ha informado, además, de que la idea es evitar la colocación de los pilares en el río, una decisión que incrementará el coste, pero ayudará a evitar problemas de desgaste en el futuro.
Faúndez ha añadido también que el puente tendrá una anchura de diez metros, con 3,5 para cada uno de los dos carriles y dos aceras de metro y medio. La obra nueva costará en torno a 5,8 millones.
Posibles ayudas
El coste total de la intervención, los citados siete millones de euros, implicará un esfuerzo económico importante para la Diputación, que tratará de obtener ayuda externa para financiar la obra. Para empezar, el Estado ofrece ahora unas ayudas ligadas a los daños causados por las inundaciones del pasado invierno, y la institución provincial tratará de argumentar que el caudal del río Duero en esas semanas perjudicó de forma decisiva a la estructura. Si los informes técnicos logran establecer una relación clara entre el impacto de la crecida y el colapso del puente, la financiación ministerial podría cubrir hasta un 50% del coste de la intervención.
En paralelo, Faúndez ha solicitado también una reunión con la Junta para pedir ayuda de la administración autonómica. Todo debe ser ágil, pues la idea es que el puente actual esté derribado antes de final de año y que el nuevo se ejecute al completo en 2027.
