El Consejo Consultivo de Castilla y León considera que los afectados, con pérdidas patrimoniales, por el incendio de hace ahora cuatro años en la Sierra de la Culebra (el primero, el que se declaró en tiempo de riesgo medio de incendios pero en plena ola de calor) no tienen derecho a recibir indemnizaciones de la Junta de Castilla y León derivadas de un supuesto incumplimiento de su labor de vigilancia en los días de en torno al 15 de junio de 2022. En sucesivos dictámenes emitidos durante los últimos meses el Consultivo ha considerado que la actuación de la Junta tiene poco frente a lo que reclamar.
Afectados que han cifrado las pérdidas sufridas como consecuencia de los fuegos en más de 160.000 euros y que han considerado responsable a la adminsitración autonómica “por su inactividad para la extinción del incendio” se encuentran de forma continua la puerta cerrada a sus reivindicaciones. “Dicha actividad incluiría la ausencia de planificación de prevención de riesgos ante la elevadas temperaturas, con previsión de tormentas y rayos, la falta de una dirección operativa útil y la de medios de extinción tanto personales como materiales y la ausencia de equipos para la realización de cortafuegos”.
El Consultivo sí ha recabado información a la Junta sobre su actuación, respuesta que incluye las actuaciones que en los años anteriores se habían llevado a cabo en la zona y en la que se incide en que “el comportamiento inicial del incendio es demasiado violento, dada la situación de combustible e intento viento existente”. Afirmaciones que no coinciden con las declaraciones que de forma insistente han hecho los testigos de aquellas primeras horas, que aseguran que el dispositivo fue lento y escaso. “Desde el primer momento se consideró inviable la actuación sobre la cabeza del incendio, por lo que se planteó un trabajo por los flancos a medida que los medios se iban incorporando, priorizando la defensa de las poblaciones ubicadas en el eje de propagación principal del fuego, el cual avanzó a una velocidad muy alta”. La Junta insiste, en una extensa argumentación, en la que actuación fue correcta, en que los medios eran los adecuados y en que, al existir varios incendios simultáneos, los medios tuvieron que repartirse.
Entrando ya al fondo de la cuestión, el Consejo Consultivo viene a concluir que no se puede exigir a la Junta responsabilidad por lo ocurrido como consecuencia del incendio porque no considera a la administración responsable de los daños. “No cabe apreciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público ni, por tanto, la existencia de responsabilidad”, apunta el dictámen. Dice además que los reclamantes “no han aportado prueba que acredite una pasividad de la administración, prueba que “aleje su actuación del estándar del servicio exigible”.
Ahora bien, el dictámen no es tampoco del todo benévolo para la administración regional, a la que el Consejo Consultivo tira de las orejas cuando habla de la “fuerza mayor” como causa del incendio. Una fuerza mayor que, para la institución consultiva, no existe. No hubo fuerza mayor, considera el dictámen, y sí una cuestión fortuita. “La fuerza mayor es una causa no solo irresistible, sino sobre todo extraña y ajena al funcionamiento del servicio” y, en este caso, se sabía que hacía mucho calor, se prevían las tormentas y los vientos no llegaron a una intensidad desorbitada.
Concluye el Consultivo la Junta no podía escudarse en que el desastre del incendio fue una causa de fuerza mayor. Pero según consta en el expediente, «a la vista de los documentos» tampoco «cabe apreciar la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público ni, por tanto, la existencia de responsabilidad». El Consejo Consultivo, con datos publicados por El Norte de Castilla, ha dictaminado 22 reclamaciones de daños ocasionados por incendios forestales entre 2024 y 2026. Los expedientes resueltos este año sumaban 306.791 euros en solicitud de indemnizaciones, según datos del propio Consultivo.
